El Ayuntamiento de Pamplona y la empresa Ride On, prestataria del servicio de bicicleta eléctrica de la ciudad, han cerrado un acuerdo para garantizar la continuidad del servicio, su estabilización financiera y el desbloqueo de una posible comarcalización. Ese acuerdo implica dos aspectos fundamentales: por una parte, que el Consistorio se compromete a compensar a la empresa las pérdidas anuales que pueda generar la prestación del servicio y, por otra parte, la compra del stock y con él, de los derechos de instalación y comercialización de 40 bases y 400 bicicletas. Esa operación será posible gracias a la liquidación pactada de la concesión original del servicio con una orden posterior de continuidad por razones de interés público y a un acuerdo de compra del stock cifrado inicialmente en 800.000 euros que serán abonados en cuatro años: el 50% este mismo 2025, el 20% en 2026 y 2027, y el 10% restante en 2028.
Los concejales responsables de las áreas de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea San Martín, y de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre Larrañaga, han sido los encargados de presentar este miércoles los términos de este acuerdo. En su comparecencia han destacado la complejidad de la negociación dadas “las condiciones de un servicio que se inició en unos parámetros que jamás se cumplieron, circunstancia agravada por decisiones controvertidas de anteriores equipos de gobierno que han llegado a hacer peligrar seriamente la prestación del servicio por su inviabilidad económica”. Por ello han valorado el acuerdo alcanzado de una forma positiva, ya que permite cumplir los objetivos fundamentales de la negociación: estabilidad del servicio a precios asumibles para la ciudadanía y posibilidad de extenderlo al resto de la Comarca.
Liquidación de la concesión y orden de continuidad por interés público
La primera parte del acuerdo, la referida a las garantías de continuidad del servicio, se cimenta en dos pilares. En primer lugar, ambas partes han acordado la liquidación de la concesión original, que al ser a riesgo y venturaimplicaba que la empresa debía asumir el 100% de las posibles pérdidas, circunstancia que la ha llevado a la quiebra y a un concurso de acreedores. En segundo lugar, el Ayuntamiento y Ride On han pactado una orden de continuidad del servicio por razones de interés público con compensación de las pérdidas que éste pudiera generar. Esta fórmula implica que la empresa, hasta el final de la concesión (2029) o hasta que se lance una nueva licitación, estará obligada a seguir prestando el servicio con todas las garantías de calidad a cambio de que la Administración, en su caso, compense las posibles pérdidas.
Desde el equipo de gobierno han explicado que esta parte del acuerdo, equiparable a la figura de la tácita reconducción, se fundamenta en el resultado de una auditoría independiente encargada por el Ayuntamiento a la empresa PKF Attest. Ese dictamen, realizado entre los meses de noviembre y diciembre de 2024, concluía que, efectivamente, la prestación del servicio era deficitaria en las condiciones pactadas en su día y que, por tanto, su continuidad quedaba en entredicho.
Las causas que explican esta situación y que fueron argumentadas por la empresa son fundamentalmente tres: que las tarifas impuestas por la anterior Administración no cubrían el mínimo de viabilidad comercial (se acordaron en diciembre de 2021 y se modificaron en mayo de 2023); que el modelo de negocio que debía compensar esa viabilidad (publicidad exterior en MUPI) se vio seriamente comprometido con una segunda licitación que fue a parar a manos de la competencia directa de Ride On (enero de 2023) y la aprobación de una ampliación del servicio esto sin una redefinición correlativa de la plantilla (diciembre de 2023).
El acuerdo alcanzado ahora estipula que el Ayuntamiento, mientras el servicio siga funcionando, compensará posibles pérdidas, pero siempre que se cumplan dos condiciones: que el servicio se desarrolle en los parámetros de calidad que se acordaron y que las cuentas que presente la empresa trimestralmente sean debidamente auditadas por el área de Economía y Hacienda. Izagirre ha explicado que con estos parámetros el Ayuntamiento busca potenciar la transparencia en un contrato que llegó a sostenerse a través de ayudas indirectas y bonificaciones de parte de las tarifas.
Compra del stock y posibilidad de ofertar el servicio a otros Ayuntamientos
La segunda parte del acuerdo, la referida a la posibilidad de comarcalización del servicio, se fundamenta en la recuperación por parte del Ayuntamiento de la posibilidad de impulsarla. En la concesión original, aprobada por la Junta de Gobierno Local en marzo de 2021, se circunscribía el servicio de bicicletas eléctricas en exclusiva al término municipal de Pamplona negando expresamente la posibilidad de una extensión a otros municipios.
El compromiso alcanzado ahora implica que el Ayuntamiento asume la propiedad de todo el stock de la empresa para disponer de él, también desde la perspectiva comercial, en caso de que sea necesario. “El ejemplo de cómo gestionaríamos esto es sencillo: si un ayuntamiento quiere instalar el servicio en su término municipal podría hacerlo sin necesidad de negociar con terceros y lo podría hacer directamente con el Ayuntamiento de Pamplona a través de un convenio”, explicaba Abaurrea. “Asumiendo los costes de instalación y funcionamiento, sería posible suministrarles tanto las bases, como las bicicletas y el soporte técnico e informático”, añadía.
El presupuesto de esta operación se ha fijado inicialmente en 800.000 euros. Esta cantidad se divide en dos conceptos: por una parte 100.000 euros por el valor residual de los elementos ya en funcionamiento y, por otra parte, 700.000 euros para la adquisición del stock de Ride On. Este stock incluye 40 bases y 400 bicicletas. El acuerdo implica asimismo que, a su entrega, todos estos elementos, así como los recambios que también se incluyen en el stock, tendrán que estar en condiciones de funcionamiento. Correrá a cargo de la empresa el ensamblaje de las bicicletas mientras la puesta al día de las mismas la asumirá el Ayuntamiento.
Previo al abono de la cantidad pactada, ambas partes han acordado también una inspección técnica para comprobar el estado real del stockaje. Si esa inspección es satisfactoria, el acuerdo incluye una fórmula de pago concreta: 400.000 euros este año (el 50%), 160.000 en 2026 (20%), 160.000 en 2027 (20%) y 80.000 (10%) en 2028.
En cuanto al arreglo y mantenimiento de las bicicletas y de los elementos técnicos que conforman el servicio, éste deberá estar incluido en los costes de funcionamiento anuales. Al igual que el resto, se abonarán en caso de que la empresa justifique debidamente las pérdidas y siempre previo contraste y comprobación por parte de los servicios técnicos municipales.
Adelanto de liquidez para pagar las nóminas de la plantilla
El acuerdo alcanzado contiene un tercer compromiso por parte del Ayuntamiento: el adelanto de una partida de 200.000 euros para que la empresa pueda hacer frente a los pagos inmediatos. El mayor porcentaje de estos pagos son con la plantilla del servicio a quienes Ride On adeuda dos meses de nóminas. Esa cantidad que ahora se adelanta, se detraerá a finales de año de las compensaciones que, en su caso, tenga que pagar el Ayuntamiento.
Ambas partes han coincidido en la urgencia de poner en marcha esta parte del acuerdo con lo que la tramitación del expediente se hará en dos fases. La primera, de efecto inmediato, consiste en la habilitación y puesta a disposición de los 200.000 euros pactados con el informe a favor de las áreas competentes que irá junto a la extinción de la concesión original y la orden de continuidad del servicio. La segunda, la compra del stock, se tramitará a través de un nuevo expediente que se adjuntará al anterior. Según ha especificado hoy en la rueda de prensa el titular de Gobierno estratégico, “calculamos que el tema esté resuelto administrativamente antes de Sanfermines”.
