Los sindicatos profesionales SAE, SATSE y Sindicato Médico de Navarra, que ostentan la mayoría absoluta de la representación sindical en el ámbito sanitario de Navarra, han denunciado este jueves que el Decreto-Ley Foral 1/2025, aprobado el pasado 7 de mayo, supone un «grave retroceso» tanto en los derechos del personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) como en las garantías para los usuarios de la sanidad pública.
En una nota de prensa conjunta, las tres organizaciones sindicales critican duramente el contenido del decreto, orientado a reducir la temporalidad en las administraciones públicas, y acusan al Gobierno de Navarra de haberles excluido del proceso de redacción y negociación del texto. Según denuncian, la norma se ha tramitado en la Mesa General, sin pasar por su foro natural, la Mesa Sectorial de Salud, lo que ha impedido que los sindicatos mayoritarios del sector pudieran participar y aportar propuestas.
«No ha sido un error ni un descuido», señalan, sino una estrategia deliberada para debilitar los derechos laborales del personal sanitario, discriminar a este colectivo respecto al resto de la función pública y facilitar el acceso a puestos mediante criterios menos exigentes. «Todo ello repercutirá negativamente en la atención sanitaria a la ciudadanía», advierten.
Entre los aspectos que más rechazo generan, destacan tres puntos que califican de «inadmisibles»:
Discriminación en el acceso a las plazas
Los sindicatos critican que el decreto establezca diferencias en el sistema de provisión de puestos, permitiendo el acceso mediante concurso simple en unos casos y concurso-oposición en otros, lo que consideran una discriminación injustificada entre trabajadores que optan a las mismas funciones dentro del SNS-O.
Supresión de la valoración formativa
El nuevo modelo, añaden, simplifica los baremos hasta el punto de reducir el peso de la formación continuada, priorizando la antigüedad y el conocimiento de idiomas. «Esto empobrece el nivel competencial de los futuros profesionales y, en consecuencia, deteriora la calidad de la atención sanitaria», denuncian. Frente a ello, proponen adoptar fórmulas que ya se aplican con éxito en otras comunidades autónomas, como traslados abiertos y permanentes, autobaremación continua o digitalización de procesos.
Restricciones a derechos consolidados
Otro de los puntos más polémicos es la obligación de permanecer dos años en una plaza fija antes de poder solicitar una excedencia, medida que afectará especialmente a nuevos profesionales y que, según los sindicatos, desincentivará la llegada de personal cualificado a Navarra. También denuncian la denegación de derechos como el permiso parental, el permiso por reposo domiciliario o la jubilación anticipada, que sí están reconocidos para otros colectivos del sector público o privado.
Los sindicatos firmantes alertan de que el decreto, lejos de solucionar los problemas estructurales del sistema sanitario, «limita y recorta derechos laborales, crea desigualdades y empobrece los requisitos de acceso a la función pública sanitaria».
Solicitan una sesión de trabajo en el Parlamento
SAE, SATSE y SMN han solicitado formalmente una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra para trasladar su rechazo al contenido del decreto, explicar las consecuencias de su aplicación y aportar propuestas de mejora. «Ya que no se nos escuchó antes de su publicación, esperamos que al menos ahora nuestras aportaciones sean tenidas en cuenta», afirman.
Los sindicatos concluyen subrayando que las condiciones laborales del personal sanitario son especialmente penosas y deben ser negociadas en ámbitos específicos, y no impuestas desde despachos ajenos a la realidad del sistema. Reclaman un modelo que dignifique la profesión y recupere la capacidad de Navarra para atraer y retener talento en el ámbito sanitario.
