El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra ha reconocido formalmente que el abono del bono social térmico puede llegar a retrasarse hasta dos años desde el momento en que el ciudadano cumple los requisitos legales para percibirlo. Así lo confirma una resolución emitida por el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera Donazar, tras investigar una queja presentada por un ciudadano que denunció haber sido “estafado” por la Administración foral.
El denunciante, beneficiario del bono social eléctrico en su modalidad de “vulnerable severo” desde septiembre de 2024, decidió mantener encendida la calefacción de su vivienda durante todo el invierno, confiando en la información pública del Gobierno de Navarra, que indicaba que el bono térmico sería abonado en 2025 a quienes tuvieran reconocido el derecho a 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, al solicitar explicaciones, se le informó que no recibiría el pago hasta el año 2027.
El ciudadano alegó haber sufrido un perjuicio económico notable y expresó sentirse engañado por una información institucional que resultó, en la práctica, inexacta o incompleta.
Tras recibir la queja el 14 de abril, la oficina del Defensor del Pueblo inició una investigación que ha culminado con una recomendación formal al Departamento de Derechos Sociales para que garantice que el pago de esta ayuda —destinada a paliar la pobreza energética en los hogares más vulnerables— se realice dentro del plazo legal establecido, que, según el artículo 10.3 del Real Decreto-ley 15/2018, es el primer trimestre del año siguiente al reconocimiento del derecho.
En su respuesta, el Departamento argumenta que su papel es de mero pagador, y que depende de la transferencia de fondos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Añade que hasta ahora, los pagos se han venido realizando con dos años de desfase respecto al año de generación del derecho, debido al calendario de transferencias estatales.
No obstante, el Defensor del Pueblo recuerda que la normativa vigente es clara: los pagos deben realizarse “durante el primer trimestre del año” (habitualmente se hacen en mayo o junio, es decir casi al final del segundo trimestre) y exige al Gobierno foral que adopte medidas para cumplir esta obligación legal, sin excusarse en problemas de coordinación con la Administración central.
La resolución advierte además que, si la recomendación no es aceptada o implementada, el caso será incluido en el informe anual del Defensor del Pueblo que se elevará al Parlamento de Navarra.
Redacción Pamplona Actual
