Lo ocurrido la pasada madrugada en las calles de Marcilla no es un hecho aislado ni repentino. Es la crónica de algo anunciado y cocinado a fuego lento desde que en 2019 se abrió por primera vez un centro de de observación y acogida (COA) para menores migrantes en el municipio. Desde aquel momento, el propio alcalde de Marcilla tomó la iniciativa de vincular de manera pública a los menores residentes con actos violentos, criminalizando su existencia, llegó incluso a buzonear a toda su “ciudadanía” azuzando el miedo y promoviendo el cierre del centro. Años más tarde, en plena pandemia, el consistorio volvió a señalarlo, esta vez como posible foco de transmisión del COVID-19, alimentando nuevamente el rechazo y el miedo. Lejos de calmarse, la situación se ha enconado con el cambio de adjudicación del centro y la llegada de un nuevo equipo municipal que, aunque con formas distintas, ha mantenido el mismo discurso de fondo: vincular directamente a los menores residentes con la inseguridad del pueblo.
Nos indigna profundamente que el foco mediático y político se centre única y exclusivamente en la seguridad, reducida además a la de “vecinos y vecinas”, como si estos menores no fueran parte del vecindario. No hay que ir muy lejos para comprobar esta exclusión: el propio consistorio se ha negado sistemáticamente a empadronarlos, incumpliendo con ello la legislación estatal vigente. Se les niega hasta el derecho básico de existir legalmente en el municipio que habitan.
También nos indigna el silencio atronador sobre las condiciones en las que viven estos menores, sobre sus derechos, sus historias y las causas estructurales que les han empujado a migrar y que este norte global sigue perpetuando. Nada se dice del racismo institucional que los considera "inmigrantes" antes que menores, que les considera "mano de obra desregularizada" antes que ciudadanía con derechos. Nada se dice de lo absolutamente grave que resulta legitimar la violencia sistemática que les atraviesa.
Así se construye el odio: ignorando las causas y amplificando las consecuencias, nutriéndose de prejuicios bien arraigados, construyendo un relato centrado en el supuesto peligro que representan. Y, en base a ese relato, se toman medidas que no buscan soluciones reales, sino la expulsión simbólica y literal. Porque el traslado de 25 menores no responde a la sobreocupación del recurso o a las estancias alargadas más allá de los tres meses previstos, que, por cierto, ya llevaba tiempo denunciándose, sino al deseo urgente de "sacarlos del pueblo".
La otra medida adoptada es todo un clásico: aumentar la presencia policial, porque parece ser que la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad va a resolver los problemas estructurales que atraviesan las vidas de estos menores y a todo el sistema de protección social, que se supone que les debe proteger. Recordemos que estos cuerpos policiales son los mismos que siguen manteniendo una sobrevigilancia y control discriminatorio sobre las personas racializadas y especialemente sobre jóvenes como los que viven en el COA, en forma de: controles de identidad racistas, desproporción en sus actuaciones, uso de violencia, entrega de citas trampa, etc, además de orquestar campañas de odio hacia jóvenes racializadxs, a través de sus sindicatos policiales que se encargan de retratar a estos menores como violentos e indeseables, como ya hemos visto en redes sociales y en comparecencias públicas, incluso en sede parlamentaria. Mientras sigamos manteniendo la lógica de defendernos de personas en vez de luchar contra las violencias sistemicas que vulneran sus derechos, nada cambiará, mientras sigamos pensando que la inseguridad se resuelve a golpe de represión y castigo, que además siempre recae sobre las personas que son empujadas a los márgenes, nada cambiará.
Pues bien, de todos estos lodos, llegan los barros en forma de brote de violencia en las calles de un tranquilo pueblo, sin que ningún representante público haya hecho hasta ahora nada diferente a usar este asunto como arma arrojadiza o a generar alarma para justificar medidas de contención y castigo. Este asunto requiere de una solución profunda y transformadora, empieza por garantizar derechos y construir alternativas para poder habitar espacios de dignidad y las calles de nuestros barrios y pueblos sin exclusiones ni miradas racistas.
Todo nuestro apoyo y solidaridad con quienes cada dia se ven atravesadas por las miradas y las lógicas racistas y a quienes les hacen frente y deciden tomar parte activa en la defensa de derechos, poniendo su privilegio a disposición. A quienes deciden formar parte del odio, y alimentarlo con su acción o con su indiferencia o complicidad, recordarles que lo que está en juego no es solo la vida de estos menores, sino el modelo de sociedad en la que queremos vivir. Nosotras seguiremos activas, vigilantes y organizandonos.
Gora Borroka Antirracista!
