El grupo parlamentario de VOX en el Parlamento Europeo ha dirigido varias preguntas a la Comisión Europea para esclarecer si Bruselas tenía conocimiento de la implicación societaria del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un proyecto de viviendas sociales en Navarra financiado parcialmente con fondos europeos Next Generation.
El portavoz de VOX en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha puesto el foco sobre la adjudicación, en 2023, de la construcción de 46 viviendas sociales en Erripagaña. El proyecto, valorado en 6,4 millones de euros, fue gestionado por la empresa pública Nasuvinsa y cofinanciado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea. Las obras fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participa Servinabar 2000 S.L., sociedad de la que, según informes policiales, Cerdán posee el 45% del capital.
Desde VOX se denuncia que ni la participación de Cerdán en Servinabar ni sus vínculos políticos con el entonces gobierno foral, liderado por María Chivite (PSOE), fueron declarados en los pliegos de la licitación. Así han preguntado a la Comisión Europea si “tiene conocimiento de esta situación y del posible conflicto de interés de dicha vinculación societaria”, “si ha recibido alguna alerta o informe sobre posibles irregularidades en este proyecto financiado con fondos europeos, por ejemplo, mediante el Sistema europeo de Gestión de Irregularidades” y “cuándo va a notificar a la OLAF sobre este asunto y solicitar información a las autoridades españolas para garantizar la protección del interés financiero de la Unión”.
Cerdán, bajo investigación por presunta corrupción
Cabe recordar que Santos Cerdán se encuentra bajo investigación judicial por presuntos delitos de corrupción, según diversas fuentes, en el marco de varias causas abiertas que salpican a antiguos dirigentes del PSOE. VOX relaciona este caso con lo que considera una trama más amplia de uso irregular de fondos públicos, en la que también apuntan al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Las preguntas registradas por Buxadé activan ahora los mecanismos de control del Parlamento Europeo sobre la gestión de los fondos europeos en los Estados miembros. La Comisión tiene un plazo aproximado de seis semanas para responder. En caso de detectar indicios de fraude o irregularidades graves, podría remitir el expediente a la OLAF y abrir una investigación independiente.
