El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha reconocido la existencia y firma de un contrato privado por el que adquiría 1.350 participaciones sociales —casi la mitad del capital— de la empresa Servinabar, propiedad de su amigo Joseba Antxon Alonso Egurrola. El documento, localizado por los investigadores en el domicilio del empresario, nunca fue elevado a escritura pública, pero mantiene su validez entre las partes y refuerza el vínculo del dirigente socialista con la mercantil, según señala el instructor del caso.
Según el auto del Juez del Tribunal Supremo al que ha podido acceder Pamplona Actual, en su declaración esta mañana ante el Juez, Cerdán explicó que firmó dicho contrato en 2015, tras los malos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones forales de aquel año (el contrato está fechado en 2016). Se consideraba personalmente responsable del revés electoral en Navarra y, ante la posibilidad de abandonar la política, valoró incorporarse a la actividad empresarial junto a Alonso Egurrola. Según relató, fue este último quien le ofreció entrar en Servinabar, propuesta que Cerdán aceptó en un primer momento pero que, según dijo, descartó apenas unos días después, tras comentarlo con su esposa.
A juicio del instructor, sin embargo, esta versión contrasta con el hecho de que el empresario conservara el contrato firmado años después, y aún más, con los vínculos y capacidades de gestión que Cerdán mantuvo con la empresa tiempo después de aquella supuesta renuncia. Estos elementos alimentan las sospechas sobre una posible implicación prolongada en la mercantil que excede la explicación ofrecida por el investigado.
Además, el auto judicial recoge también que, durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, Santos Cerdán mantuvo comunicaciones con él y con su asesor, Koldo García, sobre licitaciones y adjudicaciones de obras públicas. El propio Cerdán admitió haber intercambiado mensajes sobre estas cuestiones, aunque alegó que no lo hacía por motivos administrativos —carecía de competencia en esa materia—, sino por su papel como responsable del aparato del partido, interesado en el impacto electoral de determinadas obras en municipios donde se avecinaban comicios.
El instructor advierte que, según lo declarado, el interés de Cerdán no parecía residir tanto en el beneficio de las infraestructuras para la ciudadanía como en el rendimiento electoral que estas podrían suponer para su partido.
El conjunto de estos hechos refuerza la gravedad de los indicios contra el dirigente socialista, en prisión provisional desde este lunes por decisión del Tribunal Supremo.
