Las organizaciones Ecologistas en Acción, la Plataforma Contra las Minas de la Vall d'Onsella y Erreniega, y la Fundación Edificio Raíces han presentado un recurso administrativo contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que concede el uso de aguas públicas a la empresa Geoalcali, promotora de la controvertida mina de potasa Muga, situada entre Navarra y Aragón.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de mayo, otorga a Geoalcali el aprovechamiento de aguas del dominio público hidráulico en los términos municipales de Undués de Lerda y Urriés (Zaragoza) y Zangoza y Xabier (Navarra), para abastecer el consumo industrial de la futura explotación minera. Sin embargo, las entidades firmantes del recurso han solicitado la nulidad de la concesión alegando "incorrecta tramitación" y "falta de transparencia".
Según denuncian, la CHE no publicó el acto administrativo de forma completa ni facilitó el acceso al expediente completo, lo que ha generado, afirman, "una situación de indefensión" al no poder recurrir en tiempo y forma con todos los argumentos jurídicos necesarios.
Una vez obtenido el texto íntegro de la resolución y parte de la documentación, los colectivos han interpuesto un recurso de alzada y se reservan el derecho a ampliar y completar sus alegaciones cuando dispongan del expediente completo. Acusan a la Confederación de una mala gestión del procedimiento y consideran este caso "un eslabón más en una cadena de decisiones administrativas marcadas por la opacidad", en relación con el proyecto minero.
Los grupos ecologistas también recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló recientemente la resolución del Gobierno foral que otorgaba la concesión del permiso minero “Goyo”, uno de los tres sobre los que se asienta el proyecto Mina Muga, lo que consideran un precedente judicial relevante que debería condicionar cualquier otra actuación administrativa relacionada.
Por todo ello, las organizaciones firmantes reiteran su exigencia del cese inmediato de todo el proyecto de la Frontera Minera, así como de cualquier actuación administrativa que lo favorezca, insistiendo en que los riesgos medioambientales, sociales y legales asociados al proyecto son "demasiado altos como para ignorarlos".
El conflicto en torno a la Mina Muga continúa sumando episodios de oposición y recursos, mientras crece la presión sobre las administraciones para revisar a fondo los procesos que han dado luz verde a una de las explotaciones mineras más polémicas del noreste peninsular.
