El cierre de la planta de BSH en Ezkirotz sigue provocando ondas expansivas en el tejido laboral navarro. No solo afecta a sus 660 empleadas y empleados directos, sino también a empresas auxiliares como Tasubinsa, centro especial de empleo donde cerca de cien personas con discapacidad trabajaban para la multinacional. Este jueves, el sindicato LAB ha denunciado públicamente que Tasubinsa está utilizando esta crisis para cargar el peso de la reestructuración sobre toda su plantilla.
En una comparecencia celebrada en Pamplona, representantes del sindicato han advertido que la dirección de Tasubinsa ha bloqueado de forma deliberada las negociaciones del convenio de empresa, alegando una supuesta "mala situación económica" derivada de la pérdida del contrato con BSH. Según LAB, esta justificación esconde la intención de congelar indefinidamente los salarios de una plantilla ya castigada por condiciones precarias.
«No se puede permitir que las consecuencias de una decisión empresarial ajena acaben pagándolas los de siempre, especialmente en un centro como Tasubinsa, donde trabajan personas en situación de especial vulnerabilidad», ha señalado un portavoz sindical.
La organización sindical ha dirigido sus críticas también al Gobierno de Navarra, a quien acusan de mirar hacia otro lado pese a ser uno de los principales financiadores de Tasubinsa. LAB exige que el Ejecutivo foral intervenga para desbloquear la situación y garantizar la negociación de un convenio digno, respetando los derechos laborales de toda la plantilla.
LAB advierte que, si no se reanudan las negociaciones en condiciones justas, iniciarán una serie de movilizaciones y acciones públicas para visibilizar lo que consideran «un intento de recorte encubierto, con consecuencias sociales y humanas inaceptables».
Tasubinsa, dedicada a la inserción laboral de personas con discapacidad, se enfrenta así a una doble presión: la pérdida de una línea de producción relevante y la creciente conflictividad laboral interna. Según el sindicato, la actitud de la dirección no solo erosiona las condiciones laborales, sino que atenta contra los principios fundacionales de la entidad, centrados en la inclusión y el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras con diversidad funcional.
Mientras tanto, el cierre de BSH continúa sumando víctimas colaterales, dejando en evidencia la fragilidad de un modelo industrial dependiente de grandes empresas y externalizaciones, en el que la factura de los reveses económicos acaba recayendo, una vez más, sobre los eslabones más débiles de la cadena.
