Representantes de Urbasa Andia Bizirik, junto a alcaldes y alcaldesas de la zona, se han reunido este viernes por la mañana con el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y con los directores generales de ambos departamentos, en una cita que ha servido para trasladar de forma directa su rechazo al proyecto del polígono eólico en Azanza y Sarbil, así como su crítica al modelo de implantación de macroproyectos renovables en el medio rural.
A la salida del encuentro, los representantes de la plataforma han hecho público un duro comunicado que resume la preocupación social ante esta iniciativa, a la que califican de «ataque a nuestro patrimonio natural, nuestra cultura y nuestra forma de vida».
«Estamos aquí, una vez más, para defender lo que es nuestro: la tierra que pisamos, la gente que la habita y el futuro que queremos construir», han expresado ante los medios. El manifiesto denuncia que el proyecto ha sido diseñado «desde los despachos» y sin contar con quienes viven y trabajan en el territorio. «No vamos a permitir que decidan por nosotras y nosotros sin contar con quienes cuidamos y habitamos los pueblos», han clamado.
La plataforma asegura que este nuevo polígono eólico «no es por el bien común», sino «un negocio para unos pocos» y exigen que el Gobierno foral rechace el proyecto de plano. «No somos zonas de sacrificio», afirman con rotundidad. También se ha reclamado al Departamento de Medio Ambiente la inadmisión inmediata de una propuesta que consideran «una amenaza ecológica» para uno de los corredores naturales más valiosos de Navarra, entre el Parque Natural de Urbasa-Andia y las Peñas de Etxauri.
Además de los daños medioambientales —entre los que mencionan el impacto sobre el acuífero de Andia y el manantial de Arteta—, desde Urbasa Andia Bizirik recuerdan que el proyecto afecta directamente a los modos de vida tradicionales de la zona: ganadería, agricultura, turismo rural y economía local. «Conlleva la privatización de bienes comunales y de tierras que hemos protegido durante generaciones. Pretenden robarnos lo que es nuestro sin consultarnos, sin compensación, sin respeto», han advertido.
Una de las quejas más directas se ha dirigido al Departamento de Industria, a quien exigen una ampliación del plazo para presentar alegaciones. Denuncian que el proceso de exposición pública se haya abierto en pleno verano, con solo 30 días hábiles, lo que califican como «una burla al derecho a la participación».
Con el lema «Renovables sí, pero no así», el colectivo ha reafirmado su compromiso con una transición energética «justa, democrática y pensada con y para quienes viven aquí». Y concluyen: «Esto no es solo un proyecto. Lo que está en juego es nuestra forma de vida, nuestra dignidad y nuestro territorio. ¡Y no vamos a permitir que nos lo arrebaten!».
La movilización en defensa de la zona continúa. «Estamos unidas y unidos. Defendiendo la tierra, defendiendo la vida y defendiendo el derecho a decidir sobre nuestro futuro. Eskerrik asko eta aurrera!», han concluido.
