El Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria ha denunciado dos desahucios ejecutados sin notificación previa en el Casco Viejo de Pamplona durante junio, recurriendo a la vía judicial por considerarlos ilegales. El 11 de junio, una mujer y su pareja fueron desahuciadas en la calle San Lorenzo, y el 20 de junio, una mujer y su hijo en la calle Jarauta. En ambos casos, las movilizaciones populares lograron aplazar inicialmente los desahucios, pero se ejecutaron sin aviso previo.
Según el sindicato, la legislación española establece que los desahucios deben notificarse con fecha y hora exactas, incluso tras intentos previos. En el caso de San Lorenzo, no se informó de la nueva fecha tras el aplazamiento, y en Jarauta, un auto judicial admite que se omitió la notificación para evitar protestas, informando a las afectadas tras la ejecución. El sindicato califica estos hechos como un “precedente gravísimo” para la lucha por la vivienda.
A pesar de la Ley de Vivienda de 2023, que prohíbe desahucios con fecha abierta, el sindicato denuncia que ambos casos operaron como tales. En Jarauta, los juzgados y la Policía Municipal habilitaron dos días para ejecutar el desahucio sin notificación, priorizando el “orden público”. El sindicato critica que la moratoria de desahucios del Gobierno español, apoyada por partidos como PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Podemos y EH Bildu, permite que tres de cada cuatro desahucios se ejecuten, mientras medidas recientes refuerzan la discrecionalidad judicial y limitan derechos.
El sindicato acusa a juzgados, policía, instituciones y propietarios de actuar conjuntamente en defensa del negocio inmobiliario, incluso vulnerando derechos políticos. Ante esto, apuesta por reforzar la organización independiente de la clase trabajadora para enfrentar los desahucios y defender los derechos a la vivienda.
