Un simple teléfono móvil extraviado en 2022 ha terminado por poner en evidencia la falta de respuesta del Ayuntamiento de Pamplona a los escritos de la ciudadanía y ha motivado una contundente resolución del Defensor del Pueblo de Navarra. En un dictamen sobre un tema bastante curioso la institución recuerda al Consistorio su “deber legal” de contestar en tiempo y forma todas las instancias y le sugiere que abra de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial para indemnizar al ciudadano afectado.
Los hechos se remontan a la mañana del 5 de septiembre de 2022, cuando un vecino de Pamplona encontró un móvil Samsung A12 en la calle Monasterio de Urdax. Siguiendo la ley, entregó el terminal al Ayuntamiento al día siguiente y obtuvo un justificante de depósito. Según marca el Código Civil, si en dos años no aparecía el dueño, el objeto hallado debía ser adjudicado a quien lo encontró.
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado: el Ayuntamiento destruyó el teléfono en octubre de 2023 sin notificarlo al interesado, quien, desconociendo este hecho, inició un vía crucis administrativo para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 presentó hasta cinco escritos reclamando la entrega del móvil o una explicación. Ninguno recibió respuesta. Solo tras acudir al Defensor del Pueblo en abril de este año, el Ayuntamiento informó finalmente de que el objeto había sido destruido.
En su resolución, el Defensor del Pueblo, Patxi Vera Donazar, subraya que el Consistorio incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la normativa foral, que obligan a resolver de forma expresa y notificarlo en un plazo máximo de tres meses. Además, recuerda que el Ayuntamiento tenía la obligación de custodiar el bien durante dos años y adjudicarlo después al hallador si nadie lo reclamaba.
“Al destruir el teléfono antes de tiempo y sin dar explicaciones, se ha causado un perjuicio que el ciudadano no tenía el deber jurídico de soportar”, señala el Defensor, quien sugiere abrir un expediente de responsabilidad patrimonial para valorar una posible indemnización.
El Ayuntamiento dispone ahora de dos meses para informar si acepta la resolución y detallar qué medidas adoptará. De no hacerlo, el caso podría ser incluido en el próximo informe anual del Defensor del Pueblo ante el Parlamento de Navarra.
Un caso insólito que, más allá de un simple móvil perdido, deja en evidencia los fallos de respuesta administrativa y recuerda que incluso un pequeño objeto extraviado puede poner a prueba la diligencia de la administración local.
