La Plataforma contra las Minas de La Bal D'Onsella y El Perdón, Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza han registrado hoy una solicitud ante el Parlamento de Navarra para que la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones de obras públicas incluya entre sus trabajos el controvertido proyecto “Mina Muga”.
Las tres organizaciones han presentado un extenso dossier en el que recogen información y argumentos que, a su juicio, justifican la necesidad de investigar la tramitación de esta mina de potasa situada entre Navarra y Aragón. Según señalan, diversos informes publicados en medios de comunicación sitúan a “Mina Muga” en el epicentro de una presunta trama corrupta, en la que varias empresas —Geoalcali, Servinabar, Acciona y la UTE Sangüesa-Zangoza Services— habrían ejercido presiones e influencias para acelerar la concesión de permisos clave.
Entre las irregularidades denunciadas figuran supuestas compras de voluntades para facilitar autorizaciones como la concesión del permiso minero, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), o la autorización de uso industrial en terrenos no urbanizables. El dossier apunta también a posibles presiones para obtener licencias de obra y operaciones especulativas en bolsa vinculadas al proyecto.
Las organizaciones firmantes alertan además sobre las relaciones económicas de Geoalcali con ayuntamientos de la Comarca de Sangüesa (Navarra) y Cinco Villas (Zaragoza), algunos de los cuales habrían recibido donaciones de la fundación de la empresa a cambio, presuntamente, de emitir declaraciones favorables al proyecto, incluyendo la petición a la Ministra de Medio Ambiente para que ignorase una sentencia judicial que anulaba la concesión de explotación minera.
Todo este material, que incluye noticias y documentos que, según los colectivos, prueban las prácticas irregulares, se ha puesto hoy a disposición de la Comisión parlamentaria. Con esta iniciativa, Plataforma contra las Minas de La Bal D'Onsella y El Perdón, Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza buscan arrojar luz sobre un proceso que consideran plagado de “anomalías y excepcionalidades” que afectan directamente al interés público.
