La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado la sentencia que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 29.939 euros a una médica de familia por daños y perjuicios. La profesional se contagió de Covid-19 en 2020 mientras ejercía su labor en un centro de salud de Sagunto, lo que la llevó a estar hospitalizada por más de un mes.
La sentencia, que ya es firme, desestima el recurso de suplicación presentado por la Administración. Los magistrados han respaldado la relación de causalidad establecida inicialmente por la Inspección de Trabajo, que reconoció un recargo del 30% en las prestaciones debido a la falta de medidas de seguridad y salud laboral. Este recargo se considera aplicable también en el ámbito de la responsabilidad civil solicitada en el litigio.
El papel de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social
La médica, especialista en medicina familiar, dio positivo por Sars-Cov-2 el 16 de marzo de 2020, tras atender a pacientes con problemas respiratorios agudos. Cuatro días después, su estado de salud empeoró y fue ingresada en un hospital, donde permaneció cuatro días en la Unidad de Reanimación y otros 28 en la UCI debido a una neumonía bilateral. Inicialmente, se le extendió un parte de baja por enfermedad común.
Sin embargo, la facultativa no estuvo de acuerdo con esta clasificación y solicitó una revisión al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Tras su petición, el INSS determinó que la baja tenía su origen en una contingencia profesional. Posteriormente, la Dirección Provincial del INSS, siguiendo la propuesta de la Inspección de Trabajo, declaró la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud laboral en el accidente sufrido por la médica.
Impacto de la resolución del TSJCV en la Conselleria de Sanidad
La resolución administrativa que reconoció la falta de medidas de seguridad no fue recurrida, por lo que se convirtió en firme. El Juzgado de lo Social número 13 de Valencia estimó la demanda por daños y perjuicios de la médica, y ahora la Sala de lo Social del TSJCV ha corroborado esta decisión. Según los magistrados, la declaración de falta de medidas de seguridad y salud laboral debe extender sus efectos sobre el daño concreto y efectivo sufrido por la demandante.
El TSJCV ha precisado que el daño tuvo su origen en el contagio del virus, lo que generó un periodo de incapacidad temporal y secuelas recogidas en los hechos probados de la sentencia de instancia. La indemnización de 29.939 euros se justifica por estos daños sufridos por la profesional.
La Conselleria de Sanidad deberá asumir el pago de la indemnización, así como el recargo del 30% en las prestaciones económicas derivadas del accidente laboral, con cargo exclusivo a la Generalitat. Esta decisión del TSJCV subraya la importancia de garantizar medidas adecuadas de seguridad y salud laboral para proteger a los trabajadores en el ámbito sanitario.
La sentencia del TSJCV representa un precedente significativo en casos de contagios laborales de Covid-19 y la responsabilidad de las instituciones en asegurar entornos de trabajo seguros. La resolución reafirma la responsabilidad de la Conselleria de Sanidad en el caso de la médica de Sagunto, estableciendo un estándar para futuras reclamaciones similares.