El Consejo de Ministros ha declarado este martes zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil en 16 comunidades autónomas tras los devastadores incendios e inundaciones registrados entre junio y agosto. La medida abre la vía para que los afectados puedan solicitar las ayudas previstas en la legislación vigente.
“Ciudadanos e instituciones van a tener en todo momento a su lado al Gobierno y contarán con todos los recursos necesarios para conseguir la mayor recuperación posible”, aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Una de las mayores catástrofes medioambientales recientes
El Ejecutivo reconoce en su acuerdo todas las zonas que han sufrido alguno de los 113 grandes incendios forestales de este verano, así como cinco territorios que padecieron inundaciones y fenómenos de DANA.
Grande-Marlaska advirtió de que aún permanecen activos 15 grandes incendios y calificó la crisis como “una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años”. Los daños en viviendas, infraestructuras y bienes públicos y privados son “elevados”, subrayó.
El ministro recordó que los fuegos se han sucedido en tres oleadas desde finales de junio, coincidiendo la última con la ola de calor más intensa desde 1975.
Máxima movilización de recursos
El Gobierno ha desplegado todos los medios disponibles: desde la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta los recursos del Ministerio de Transición Ecológica, pasando por refuerzos europeos. Según Interior, se trata de la mayor activación de la UME en un periodo similar desde su creación.
Las operaciones se centran ahora en incendios de especial preocupación en Zamora, León y Lugo, donde las condiciones meteorológicas complican las labores de extinción.
Grande-Marlaska y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, expresaron sus condolencias a las víctimas y su solidaridad con las más de 35.000 personas evacuadas. También destacaron el trabajo de bomberos, brigadistas, agentes forestales, sanitarios, psicólogos y voluntarios.
Un plan para combatir la corrupción
Junto a las medidas de emergencia, el Consejo aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, anunciado por Pedro Sánchez en julio. El documento incluye quince medidas para reforzar controles, endurecer sanciones, proteger a denunciantes y recuperar bienes sustraídos.
La iniciativa será coordinada por una comisión ministerial presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
“Se trata de un plan alineado con las recomendaciones de la OCDE, la Comisión Europea y la sociedad civil”, destacó Alegría.
Atención a menores migrantes y apuesta por el turismo
El Ejecutivo también fijó una ratio nacional de acogida para menores extranjeros no acompañados de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Las comunidades que tripliquen esa cifra entrarán en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permitirá activar traslados.
Además, el Ministerio de Industria y Turismo anunció que Zaragoza será sede de la VI Convención de Turespaña en 2026, un foro clave para reforzar el liderazgo del sector turístico español.
