Los concejales de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Fernando Aranguren y Carlos Salvador, han denunciado este jueves lo que consideran una contratación irregular por parte del consistorio. Según explicaron en rueda de prensa, el equipo de gobierno habría adjudicado un programa de promoción de disciplinas STEM entre jóvenes de 10 a 16 años a una única entidad, sin licitación abierta y por un valor de 143.758 euros IVA incluido, a través de un procedimiento de negociado sin publicidad.
Aranguren calificó la adjudicación de “caso con miga” y aseguró que “no se justifica en ningún momento la exclusividad”. “El ayuntamiento argumenta que solo la fundación adjudicataria podía ejecutar el programa, pero hemos comprobado que existen muchas más entidades, tanto en Navarra como fuera, que realizan este tipo de proyectos”, afirmó.
El edil recordó que el contrato se aprobó el pasado 12 de mayo por la Junta de Gobierno Local, con vigencia hasta junio de 2027, y que la rebaja ofertada fue de apenas un 0,01%, lo que a su juicio refleja que no hubo competencia real. Además, cuestionó que el consistorio impulse un programa en materia educativa cuando, dijo, “no tiene competencias en educación” y cuando el propio Plan Pamplona Joven 2022 no contemplaba ninguna actuación de este tipo. “Estamos ante un claro caso de desvío de poder”, concluyó.
Por su parte, Carlos Salvador centró su intervención en los aspectos jurídicos. Recordó que UPN presentó el pasado 11 de junio un recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) contra la adjudicación, en el que se denuncia la ausencia de libre concurrencia y de motivación suficiente para justificar el procedimiento utilizado. “La ley exige procesos abiertos en contratos de esta cuantía. Aquí no se ha acreditado que solo una entidad pudiera prestar el servicio. Eso convierte la adjudicación en ilegal”, afirmó.
Salvador fue más allá y vinculó la adjudicación a lo que calificó de “contrataciones a entidades afines ideológicamente al equipo de gobierno”. Mencionó otros ejemplos, como acuerdos con fundaciones vinculadas a antiguos responsables políticos del nacionalismo vasco o con colectivos próximos a EH Bildu. “No puede ser que el Ayuntamiento de Pamplona se convierta en una agencia de contratación para amigos y afines”, subrayó.
Ambos concejales anunciaron que pedirán responsabilidades políticas y la nulidad del contrato, además de mantener abiertas otras vías legales si el TAN no les da la razón.
