La situación en la calle Tejería de Pamplona se ha vuelto insostenible para los vecinos, quienes llevan años denunciando la ocupación ilegal de un edificio situado en el número 41.
Según han relatado tanto en declaraciones a Pamplona Actual, como en una reciente carta abierta publicada este sábado en Diario de Noticias, el inmueble –con pisos de titularidad municipal y privada– se ha convertido en foco de peligrosidad, con frecuentes peleas, amenazas armadas y todo tipo de altercados.
Los vecinos describen episodios extremadamente violentos y degradantes: amenazas con armas de fuego, peleas con cuchillos, lanzamiento de excrementos, música y gritos a altas horas de la madrugada, basura acumulada y constantes peleas en la zona.
Por este motivo, los vecinos se sienten totalmente abandonados tanto por el Ayuntamiento como por los cuerpos policiales, y denuncian que, a menudo, la respuesta policial es lenta y escasa.
El testimonio recogido por los vecinos pone de manifiesto una convivencia insostenible y un miedo constante a vivir en el centro de Pamplona. Afirman que, pese a las reiteradas denuncias tanto del vecindario como de los propietarios, "nadie nos protege" y el edificio sigue ocupado por grupos vinculados al tráfico de drogas y la violencia. La carta concluye como un verdadero "grito a la desesperada", reclamando acción y protección para quienes viven en la zona.
Asimismo, ha habido incidentes recientes de violencia dentro del inmueble ocupado. En abril de 2025, la Policía Nacional detuvo a un fugitivo en el edificio ocupado de la calle Tejería tras una intervención que evitó que se precipitara desde un tercer piso. También se han registrado reyertas que han provocado heridos en el inmueble, y una redada importante de Policía Foral, en una bajera, que saldó con varios detenidos.
Este grave problema de convivencia y deterioro se suma a los informes sobre el estado estructural del inmueble, que el Ayuntamiento conoce desde hace años y sobre el que ha prometido intervenir, pero sin resultados visibles hasta la fecha. Dos de los pisos del edificio son de propiedad municipal y otros dos, privados, pero sigue faltando una solución definitiva. El consistorio mantiene desde hace meses que está valorando cuál será el nivel de intervención tras recopilar los informes técnicos pertinentes y escuchar a los vecinos, mientras que estos insisten en la urgente necesidad de protección y respuesta efectiva ante la inseguridad, ya creciente en las últimas semanas.
