La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de modificación de ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos para 2026. El documento propone una actualización general del 2% —en línea con el IPC de mayo de 2025— y la congelación de la contribución urbana para toda la ciudadanía.
El Ayuntamiento señala que la revisión busca adecuar las tasas al coste de la vida y reducir el déficit que generan los servicios municipales sujetos a precios públicos, cuyos ingresos suelen ser inferiores a los gastos que implican.
Ajustes en terrazas y zona azul
Entre las excepciones al incremento general del 2% figuran algunos ajustes técnicos en la zona azul, que obligan a redondear al alza en determinadas tarifas. Así, el precio de estacionar hasta 10 minutos pasará de 0,30 a 0,35 euros, mientras que la anulación de denuncias, por casos como aparcar sin tique o sin tarjeta de residente, subirá de 11,85 a 12 euros. Se mantienen, en cambio, las tarifas por fracciones de 3 minutos en zona azul y de 10 en zona naranja.
La ordenanza fiscal 20 incorpora también una revisión de la tasa de ocupación de suelo público para terrazas, tras actualizarse el valor de utilidad de las diferentes zonas de la ciudad. Además, se modifican las tarifas por instalación de contenedores de obra en la vía pública para incentivar su retirada cuando ya no sean necesarios.
Nuevas dotaciones culturales y deportivas
El proyecto de precios públicos incluye como novedad tarifas para el futuro auditorio de Civivox Ensanche, con opciones de cesión por jornada completa o por tramos de cuatro horas. Las asociaciones vecinales, sociales, comerciales y turísticas sin ánimo de lucro podrán beneficiarse de una reducción del 75% en los precios.
En el ámbito deportivo, se fijan precios para nuevas instalaciones como el circuito de carrera en Buztintxuri, los frontones cubiertos anexos a polideportivos y las salas de musculación. Estos espacios no podrán reservarse de manera anticipada.
Servicios sociales y escuelas de música
El documento contempla también cambios en las normas que regulan servicios sociales. En los apartamentos municipales para personas mayores se eliminan referencias a alojamientos en viviendas comunitarias, mientras que en el servicio de atención a domicilio se clarifican aspectos de la redacción.
En las escuelas municipales, se ajustan tarifas en Catalina de Oscáriz, con nuevos precios para cursos de proyectos personales y de perfeccionamiento, y en Joaquín Maya, con una reducción en función de los ingresos de la unidad familiar.
