La consejera de Vivienda y vicepresidenta tercera de Navarra, Begoña Alfaro, compareció este miércoles en el Parlamento para explicar y defender la actuación del Gobierno y de Nasuvinsa en relación con los informes de la intervención que advertían irregularidades en la promoción y construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
Alfaro subrayó que los reparos suspensivos que señalaban supuestas irregularidades y sobrecostes fueron resueltos favorablemente por la instancia superior, la intervención general, que avaló la gestión del departamento, descartando así críticas sobre un monopolio o mala administración. Recalcó que “no existe ningún sobrecoste de 40 millones de euros” y calificó como “manipulación” las comparativas presentadas por la intervención delegada, que mezclaban precios y conceptos no comparables, además de recordar que los incrementos en precios responden a factores externos como la crisis inflacionaria o las exigencias energéticas de la Unión Europea para recibir fondos europeos.
La consejera afirmó de modo literal que “los fondos europeos ya están produciendo o listos para producir vivienda social y asequible”, y desmintió que Nasuvinsa tenga un monopolio restrictivo de derecho, explicando que el monopolio es solo de hecho, es decir, por falta de iniciativa de otros actores públicos o privados para promover vivienda social en alquiler. También afirmó que la concesión directa de fondos a Nasuvinsa estaba plenamente justificada legal y técnicamente, para evitar la pérdida de valiosos recursos europeos.
Respecto a las licitaciones y aspectos contables, Alfaro puntualizó que se ha cumplido la normativa vigente y que cualquier discrepancia ha sido ya examinada y solventada por la instancia superior de intervención. En sus palabras: “Este Gobierno trabaja con rigor y dentro de la legalidad, y los mecanismos de control funcionan y garantizan la limpieza de todas las operaciones económicas”.
La consejera cerró su intervención apostando por la colaboración interadministrativa para seguir promoviendo vivienda pública y asequible, destacando convenios con ayuntamientos como el de Pamplona, y reiteró que “la vivienda protegida debe contar con calidades superiores para garantizar el ahorro energético y la dignidad de las familias”.
Las intervenciones posteriores de los portavoces parlamentarios resaltaron el respaldo a la explicación de la consejera, defendiendo que los reparos y discrepancias forman parte del sistema normal de fiscalización, y desestimando que exista mala gestión o deficiencias graves en la actuación de Nasuvinsa y del Gobierno en materia de vivienda pública.
Así, Begoña Alfaro calificó la polémica como un debate técnico legítimo, pero que ha sido utilizado con tintes políticos para generar confusión, defendiendo la eficiencia y transparencia en la ejecución de fondos públicos para resolver uno de los problemas sociales más acuciantes en Navarra.
Sanchez de Muniain (UPN) denuncia “incumplimientos graves en contabilidad”
El debate se acentuó con la intervención del portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniain, quien solicitó esta comparecencia y resaltó que el reparo conocido es “uno de los más severos y alarmantes” que ha visto la cámara. Sánchez de Muniain afirmó que la actuación de Nasuvinsa “desacredita en su integridad el procedimiento” y puso foco en tres aspectos: desatención a avisos de la intervención, sobrecostes injustificados en la construcción y presuntas irregularidades en las licitaciones. Denunció además “incumplimientos graves en contabilidad” y riesgo de devolución de fondos europeos, junto con un supuesto quebranto económico millonario para las arcas públicas.
Sobre los sobrecostes, explicó que no se refería a la diferencia entre el precio de licitación y la ejecución, sino a que Nasuvinsa estaría construyendo por encima del módulo fijado para viviendas protegidas, lo que a su juicio supone una “ineficiencia” y “pérdida de dinero público destinado a futuras promociones”. Insistió en que esta situación “no se justifica” y pidió explicaciones concretas sobre la gestión económica y eficiencia de la empresa pública.
Finalmente, Sánchez de Muniain reprochó que la consejera no acudiera por iniciativa propia a explicar este reparo, y recordó que el Parlamento tiene el derecho y el deber de exigir transparencia y responsabilidades sobre el uso de fondos públicos en vivienda.
