La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, llevó este martes al Senado la polémica en torno a los expedientes de contratación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate. Caballero denunció que el Gobierno de Navarra “ignora” las conclusiones de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que detectó irregularidades en varios contratos y advirtió que eran “nulos de pleno derecho”.
La parlamentaria regionalista interpeló directamente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la utilidad real de las oficinas anticorrupción. “¿Alguien en Navarra piensa asumir alguna responsabilidad sobre unos contratos que no solo se hicieron sin procedimientos y sin cumplir las normas, sino que además fueron adjudicados a la empresa de Santos Cerdán, provocando un enriquecimiento en esa empresa y aumentando la corrupción en este país?”, cuestionó.
Caballero recordó que la oficina navarra fue creada en 2018 a iniciativa de EH Bildu y con el respaldo del bloque progresista que sostiene al actual Gobierno de María Chivite. Según subrayó, “nada encontraron en los contratos de los gobiernos de UPN, porque nada había”, pero ahora, tras señalar irregularidades en Belate, el Ejecutivo foral “minimiza el valor de esta oficina, que solo le sirve para el postureo y para quedar bien”.
En su turno de respuesta, Bolaños evitó entrar en el caso concreto y se centró en enumerar las medidas puestas en marcha por el Gobierno central en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Entre ellas, citó la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, el impulso de una futura Ley integral contra la corrupción y la intención de reformar el Código Penal “para endurecer las penas de los empresarios corruptores y hacerlas más disuasorias”.
