UPN ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la sede regionalista en la que se ha calificado de “fraude de ley” el fraccionamiento por parte de la empresa pública NICDO de un contrato en cuatro con el fin de adjudicarlos de forma directa a una misma empresa y eludir la contratación en procedimiento público y abierto. Parquenasa, la propietaria de Sendaviva ya emitió en su momento, el pasado verano, un comunicado desmintiendo los hechos, y pidiendo una auditoria externa.
Con todo, esta mañana UPN ha insistido en este extremo. “Esto a todas luces es una práctica ilícita y prohibida por el ordenamiento pues supone fraccionar un solo contrato en cuatro para burlar los principios de igualdad de trato, libre concurrencia y no discriminación”, ha manifestado en rueda de prensa el parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin.
Como ha recordado el parlamentario regionalista, las obras se han realizado en un mismo lugar, Sendaviva, y han consistido en la construcción de un nuevo edificio de acceso al parque, la urbanización de acceso al parque, la urbanización de la plaza y la construcción del edificio de la granja. Y todos ellos rondan los 200.000 euros, es decir, el límite establecido por la ley foral de contratos para poder adjudicar contratos por el procedimiento simplificado y de forma directa.
Según ha explicado Sánchez de Muniáin, dos de ellos, la construcción de un nuevo edificio de acceso al parque y la urbanización de acceso al parque, se han adjudicado por un valor de 199.999 euros, un euro menos del máximo permitido para hacerlo sin concurrencia pública. Se adjudicaron el mismo día, el 15 de noviembre de 2023. Los otros dos se adjudicaron también el mismo día, un mes más tarde, el 15 de diciembre, uno de ellos por valor de 198.846 euros y un cuarto por valor de 198.886 euros.
“Resulta que tenemos cuatro contratos por valor de 200.000 euros, o casi, pero lo cierto es que cada uno de estos cuatro es una parte ficticia de lo que en realidad es un solo contrato y una sola finalidad o prestación”, ha apuntado el parlamentario de UPN.
A este respecto, ha destacado que la legislación en materia de contratos señala que “estamos ante un fraccionamiento fraudulento de contratos cuando entre ellos existe una unidad funcional u operativa es decir si hay relación entre las obras de los diferentes contratos no cabe trocearlos contratos”.
Además, ha acusado al Gobierno de cifrar los importes de manera injustificada “porque hemos solicitado informe jurídico o informe técnico que motivase que se trataba de cuatro contratos y no uno solo, o dos, y no hay ni un solo informe que respalde esta forma de actuar”.
“Todas estas obras tienen casi el mismo objeto, construcción de instalaciones y urbanización de su entorno, todas se realizan en el mismo lugar y los proyectos los realiza la misma constructora a la que luego se adjudican las obras en procedimientos sin concurrencia pública”, ha relatado.
Y ha achacado la responsabilidad de estas contrataciones “tanto a la empresa pública NICDO, que es quien tiene adscrito el parque de Senda Viva y dirige, supervisa y decide los procedimientos en materia de contratación, como al Departamento de Cultura, que es quien financia las obras”.
Sánchez de Muniáin se ha interrogado “¿Por qué se elige a esta empresa y no a otra para redactar los proyectos y ser invitada a realizarlos en las cuatro contrataciones?; ¿Quién y por qué decide que estas obras de adecuación y urbanización se debían acometer en cuatro contratos y no en uno?; ¿Por qué si fueran contratos con una finalidad distinta se le invita en los cuatro a la misma empresa y finalmente se le adjudican?”.
El parlamentario de UPN ha añadido que en meses previos, en octubre de 2022, “esa misma empresa realiza obras de reforma para la sede del partido socialista de Navarra cuando su responsable era el dimitido señor Alzórriz y unos meses más tarde esa misma constructora realiza la reforma de la vivienda del señor Alzórriz”.
“No disponemos por el momento de ninguna evidencia de que exista conexión entre las obras adjudicadas por la empresa pública NICDO en presunto fraude de ley y estas dos reformas pero cuando menos requiere una investigación que en nuestro caso la acometeremos paso a paso para conocer el alcance y la responsabilidad de los hechos”, ha aclarado.
Por último ha avanzado que se pondrá estos hechos, con la documentación disponible, en manos de la Oficina Anticorrupción para que examine si se ha cometido fraude de ley y, en ese caso, proceder a determinar si se ha producido delito al haberse podido realizar de forma consciente y con la intención de eludir el procedimiento abierto.
