El consejero de Cohesión Territorial de Navarra, Óscar Chivite, respondió en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta de la parlamentaria de UPN Marta Álvarez sobre el traslado del secretario de la Mesa de Belate, Lorenzo Serena asegurando que pese a que la OANA lo acreditó en su opinion "no hubo represalia alguna y que el cambio de ubicación obedeció a una reorganización administrativa interna". Chivite insistió en que el secretario de la mesa de contratación continuó con su trabajo con normalidad tras firmar la propuesta de adjudicación del túnel de Belate y que su posterior reubicación no implicó modificación de sueldo, horario ni localidad, por lo que a su entender no se vulneraron sus derechos laborales.
"Mire, de aislamiento nada, porque en esa nave trabaja más gente, y y la acompañaba otra jurídica dentro.Persecución para nada, porque ha dicho que no teníamos ningún motivo. Y perjuicio en sus relaciones laborales, ya le informó que no hubo ni no se le inculcó ningún derecho laboral, porque tenía el mismo sueldo, tenía el mismo horario y el trabajo en la misma localidad", ha dicho Óscar Chivite quien recueda que "dentro de las competencias que tienen los que gestionamos personal, podemos hacer movimientos".
Chivite arguyó además que el traslado del funcionario a una oficina en el polígono de Landaben fue una decisión técnica vinculada a la eficiencia del servicio jurídico en el Servicio de Conservación. Aclaró que el cambio duró solo cinco días y fue revertido tras la resolución de la Oficina Anticorrupción del 16 de junio de 2025, que calificó el traslado como un acto de represalia nulo de pleno derecho. El consejero sostuvo que, pese a no considerar que hubiera represalia, se acató la resolución "para evitar confrontaciones."
UPN lo considera un "aviso a navegantes"
La polémica surgió tras la adjudicación de la duplicación del túnel de Belate por 76 millones de euros a una empresa vinculada al ex secretario de organizacion socialista Santos Cerdán, pese a las advertencias de técnicos jurídicos y del interventor. El funcionario denunciante, al considerar irregularidades, presentó su queja formal, lo que desencadenó el posterior traslado que la Oficina Anticorrupción calificó como represalia. Álvarez acusó al gobierno de presionar a funcionarios y de crear un ambiente de impunidad, citando también expresiones del director general de Obras Públicas como "te lo vas a pasar mejor" como muestra de desprecio institucional.
Para la portavoz de UPN la actuación de los responsables de Obras Públicas fue un "aviso a navegantes, solo les faltó mandar al señor Serena una cabeza de caballo o decirle aquello de 'le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar'. En defintivia, ha criticado la "impunidad para los autores de esta práctica que solo puede definirse como mafiosa. Navarra, una forma de funcionar, sacada de la saga del padrino".
Posición del gobierno
Chivite reiteró en su réplica que la adjudicación fue legal y transparente, sin injerencias políticas ni corrupción, y que las acusaciones de UPN carecen de pruebas. Rechazó que el gobierno sancione a empleados por cumplir con su deber, y defendió que las decisiones de reorganización del personal están dentro de las competencias legales del Departamento. Sin embargo, reconoció que algunas expresiones empleadas por responsables del departamento fueron "poco afortunadas", aunque insistió en que no cambian la naturaleza técnica del traslado.
