La Fiscalía de Navarra ha solicitado la apertura de juicio oral contra seis personas acusadas de protagonizar los graves altercados ocurridos el 7 de julio de 2022 en la calle Curia durante la procesión de San Fermín. La acusación detalla que los hechos se desarrollaron cuando una multitud violenta, en rechazo a la ideología política de ciertos ediles municipales y el alcalde, intentó romper el cordón policial que protegía a la corporación municipal causando un clima de pánico, temor y violencia en una zona concurrida y estrecha que dificultaba la evacuación.
Los hechos imputados comprenden delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y múltiples delitos leves de lesiones a policías municipales que resultaron lesionados en diferentes grados, incluso con fracturas y heridas que precisaron intervención médica y bajas laborales. La violencia fue dirigida contra los ediles y agentes, con agresiones físicas, lanzamiento de objetos y amenazas verbales.
Las penas solicitadas por la Fiscalía son notablemente severas y acumulativas: por el delito de desórdenes públicos, se piden 4 años de prisión para cada acusado; por cada delito de atentado contra la autoridad, entre 2 y 3 años de prisión según el acusado; por delitos leves de lesiones, se solicitan multas económicas mensuales junto con la prisión. En concreto, uno de los procesados presenta hasta 9 años de prisión acumulados por la suma de estos delitos. Además, se impone a todos la prohibición de asistir a las fiestas de San Fermín durante un periodo de cinco años.
La Fiscalía también apunta la concurrencia de la agravante de discriminación por motivos ideológicos por el rechazo que mostraron hacia la ideología política representada por el alcalde y los concejales, de la coalicion gobernante entonces, Navarra Suma. Asimismo, se señala una atenuante por trastorno límite de personalidad en uno de los acusados.
Entre las indemnizaciones solicitadas figuran compensaciones económicas para agentes lesionados y para el Ayuntamiento de Pamplona por gastos derivados de daños materiales y servicios sanitarios. Para sustentar la acusación, la Fiscalía propone la práctica de numerosos informes médicos, testimonios de policías, ediles y testigos, así como la reproducción de grabaciones audiovisuales de los incidentes.
