El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido remitir al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el informe de la UCO fechado el 8 de octubre, así como la documentación facilitada por el PSOE sobre los presuntos pagos en metálico realizados a José Luis Ábalos y Koldo García, para que el juzgado valore si existen indicios suficientes que justifiquen la apertura de una investigación.
En un auto hecho público este viernes, el instructor recuerda que el informe de la UCO recoge comunicaciones que apuntan a posibles entregas de dinero en efectivo por parte del PSOE en favor de Ábalos o García, que no coincidirían —ni en fechas ni en importes— con los datos facilitados por el propio partido al Tribunal Supremo. Además, el magistrado señala que ambos, durante sus recientes comparecencias ante el alto tribunal, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar y no aportaron información al respecto.
El juez explica que, ante esas lagunas, fueron citados a declarar el exdirector gerente y una empleada del PSOE, con el fin de aclarar el origen y el procedimiento de las compensaciones económicas en metálico. Sin embargo, tras sus testificales, el instructor considera que persisten importantes incógnitas sobre quién gestionaba esos pagos, cómo se controlaban las devoluciones de gastos y cuál era el origen de los fondos que el partido mantenía en efectivo en su sede.
El auto advierte de que no se comprobó si los gastos reembolsados se habían abonado realmente por los solicitanteso si podían proceder de actividades ilícitas. En ese sentido, el magistrado apunta que este sistema de compensaciones podría, eventualmente, favorecer operaciones de blanqueo de capitales si los fondos entregados a título de devolución provenían de fuentes irregulares.
El juez también cuestiona el uso sistemático del dinero en metálico, recordando que, según la declaración del exgerente, la caja del partido se nutría de cantidades trasladadas por una empresa de seguridad desde cuentas bancarias, un procedimiento “difícil de entender”, en palabras del magistrado, cuando las compensaciones podían haberse realizado por transferencia sin costes adicionales.
En su resolución, Puente concluye que todas estas dudas “deben ser despejadas mediante una investigación específica”, pues podrían apuntar a la existencia de “conductas o actividades irregulares e incluso potencialmente delictivas”. No obstante, subraya que los hechos no guardan una relación directa con el objeto principal de la causa especial instruida en el Supremo —vinculada al caso Koldo—, cuya competencia deriva únicamente de la condición de aforado de José Luis Ábalos.
Por ello, el Supremo se inhibe en favor de la Audiencia Nacional, a la que remite el informe de la UCO, la documentación del PSOE y las declaraciones de los citados responsables del partido, así como la de Carmen Pano, quien aseguró ante el magistrado haber entregado en dos ocasiones, en octubre de 2020, 45.000 euros en metálico en la sede socialista.
Será ahora el Juzgado Central de Instrucción número 2 el que deba decidir si abre una investigación formal sobre estos posibles pagos y el origen del dinero.