Este lunes ,3 de noviembre, ha comenzado en el Tribunal Supremo un juicio sin precedentes en la historia judicial española: el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración a la prensa de un correo electrónico perteneciente a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El correo, enviado en febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, reconocía que se habían cometido dos delitos fiscales y proponía un acuerdo para cerrar el caso con la menor repercusión posible. La filtración de este correo a la Cadena Ser la noche del 13 de marzo de 2024 despertó una conocida polémica que involucró la difusión de información sensible y personal.
Durante la primera jornada, García Ortiz, que llegó al Supremo con semblante serio y vestido con toga, negó categóricamente ser el autor o responsable de la filtración. Su defensa, a cargo de la Abogacía General del Estado, denunció una "instrucción inquisitiva" y múltiples violaciones al derecho a un proceso justo, incluyendo retrasos y una presunción de culpabilidad anticipada. La defensa además cuestionó la investigación que llevó a juicio a García Ortiz, calificándola de insuficiente en cuanto a indicios concretos.
Entre las pruebas que sostienen la acusación están la coincidencia temporal entre la actividad del fiscal general y la publicación del correo, así como el borrado de todos sus dispositivos electrónicos en los meses posteriores a que se abrió la investigación. García Ortiz justificó esta eliminación por protocolos de seguridad del Ministerio Fiscal debido al manejo de información sensible. El caso también ha escandalizado por la inédita intervención policial que incluyó el registro de su despacho y la incautación de sus dispositivos electrónicos.
El juicio, que se prolongará hasta el 13 de noviembre, contempla la declaración de unas 40 personas, entre políticos, fiscales, periodistas y agentes de la Guardia Civil. Destacan nombres como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y varios fiscales como Julián Salto, que investiga el caso, quien ha declarado que nunca se ofreció un pacto al abogado de González Amador, contradiciendo afirmaciones difundidas en medios e incluso ha asegurado que comentó sobre la confesión de Gonzalez Amador con varias fiscales días antes de que lo supiera el fiscla genetla.
Las acusaciones particulares, incluyendo al propio Alberto González Amador, piden penas de entre cuatro y seis años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación para el fiscal general. La Fiscalía, sin embargo, ha solicitado la absolución de García Ortiz por el delito que se le imputa.
Este juicio pone sobre la mesa no solo la responsabilidad penal de una alta autoridad judicial, sino también el debate sobre la privacidad, el manejo de información confidencial y la independencia del Ministerio Público en un contexto político delicado. La atención mediática y política está centrada en un proceso que marcará un antes y un después en las instituciones judiciales españolas.