La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado ante la Audiencia Nacioal-que investiga ahora la pieza separada- un informe relativo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con respecto a la trama de corrupción relacionada con la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Según las informaciones obtenidas, el informe revela que Torres, en su etapa como presidente de Canarias, reclamó pagos pendientes de una empresa vinculada a un supuesto comisionista, Víctor de Aldama, que supuestamente obtuvo contratos millonarios de manera irregular.
El informe, que ha sido publicado en su totalidad este martes tras darse a conocer este lunes fragmentos, indica que Torres envió mensajes en julio de 2020 en los que expresaba su interés en que la empresa Soluciones de Gestión, propiedad de Aldama, recibiera los pagos correspondientes por la venta de mascarillas a Canarias durante la pandemia. Los mensajes muestran, además, que Torres intentó acelerar el pago, asegurando que estaba "encima" de la situación y que había dado instrucciones para resolverla rápidamente.
Por otro lado, la investigación también evidencia vínculos cercanos entre Torres y otros investigados, como Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes.
El entorno del ministro ha cerrado filas en su defensa, argumentando que no hay actos delictivos y que los contratos de mascarillas se llevaron a cabo correctamente, respaldados por auditorías de instituciones como la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.
Quiza uno de los aspecto más importantes, es que el informe señala que el ahora ministro sí se reunió con Aldama-al que dijo que no conocía de nada públicamente tras conocerse la operación en marzo de 2024- e incluso en que el entonces presidente de Canarias intentó mediar-sin éxito-con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa y con el presidente Sánchez para tener una reunión en relación a compras de estas mascarillas.
El informe también detalla que la UCO está analizando datos de unos 84 dispositivos electrónicos y más de un millón de correos electrónicos en busca de pruebas adicionales, lo que podría arrojar más luz sobre las posibles implicaciones de Torres en la trama.
Mientras tanto, el entorno del ministro ha pedido que se respeten los derechos y ha pedido que no se hagan conclusiones precipitadas, y ha emplazado a una rueda de prensa para esta tarde, a las 16.00 horas.