La política debería ser un espacio de encuentro, de palabra, de responsabilidad compartida. El problema viene cuando quienes la ejercen se erigen en predicadores de la transparencia y el diálogo… sin ponerlos en práctica en su propio municipio. Eso es lo que ocurre en Barañáin bajo la alcaldía de María Lecumberri (UPN): una alcaldesa que reclama a otras administraciones lo que no ofrece en su propio mandato.
La alcaldesa pide mesura a otros consistorios, llama al diálogo con sus vecinos y con instituciones limítrofes, y critica la falta de atención en decisiones que le afectan. Pero lo cierto es que ese reclamo de transparencia y participación choca con su propia gestión municipal. Para muestra un botón: el Defensor del Pueblo de Navarra reprochó al Ayuntamiento de Barañáin, presidido por Lecumberri, el incumplimiento del reglamento al no convocar el Consejo Sectorial de Personas Mayores durante 2022 y 2023. Es decir: un órgano clave de participación ciudadana quedó sin sus reuniones obligatorias. Lo mismo podíamos decir en lo que a otros marcos, respuestas o comunicación municipal se refiere.
Peor aún: cuando la cuestión del vial que afecta al entorno de la Universidad privada de Navarra salió a la palestra, la alcaldesa se sumó a la protesta con otros dos alcaldes reclamando explicaciones al ayuntamiento de Pamplona. Puede ser entendible que los municipios vecinos hablen y exijan ser informados. Pero en ese gesto resuena una paradoja evidente: si la ciudadanía de Barañáin no ha sido convocada de forma sistemática para participar o ser escuchada de verdad —como evidencia el reproche del Defensor del Pueblo—, ¿con qué autoridad reclama su alcaldesa que otros cuerpos actúen mejor?
En la política contemporánea, la función de los cargos electos tiene dos caras fundamentales: la responsabilidad interna (gestión ágil, participativa, transparente, con rendición de cuentas) y la proyección externa (coordinación con otras administraciones, visibilidad, alianzas). En Barañáin, la proyección, aunque escasa, está y se le reconoce —como cuando se inaugura un nuevo puente realizado por el Gobierno de Navarra o se firman acuerdos institucionales— pero la primera cara, la de la gestión participativa interna, parece resquebrajarse.
Y he aquí el quid: cuando se exige diálogo, se pide “lo que se debe hacer”, pero no siempre se practica. Porque gobernar no es solo embarcarse en grandes obras (que no siempre culminan) o firmas protocolarias (que a la postre tampoco se practican): es, también, abrir la puerta a las asociaciones, convocar a la vecindad, permitir que el control se ejerza desde la base, y hacer que la participación no sea meramente simbólica sino real.
Así que cuando la señora Lecumberri levanta la voz ante Pamplona diciendo “vamos a dialogar, queremos saber”, estaría mejor empleando parte de esas energías en su cocina local: revisar los cauces de participación en Barañáin, convocar los órganos ciudadanos
que lleva tiempo sin citar, abrir el consistorio a su propio vecindario en vez de solo a cámaras externas.
La política local no puede conformarse con ser “visibilizada”: debe invertirse. Esto es, cuanto más se habla de diálogos externos, más necesario se hace que el propio municipio demuestre que dialoga, convoca, escucha. Solo así la exigencia de los otros deja de sonar como puro ruido retórico. Si no, se convierte en estridencia.
Oihaneder Indakoetxea Barberia
(Alcaldesa de Barañain en la legislatura 2015-2019)
