En una movilización simbólica y contundente celebrada este lunes en la plaza del Castillo de Pamplona, los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde, Hiru y CGT-LKN han denunciado que, tres décadas después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas continúan incumpliendo la normativa y actuando con impunidad ante la pasividad de las instituciones.
Bajo el lema «¡Cada tronco que cae, una vida en riesgo! ¡La infracción de las empresas nos pilla debajo!», los sindicatos han escenificado en pleno centro de la capital navarra el último accidente laboral mortal registrado la semana pasada, en el que un trabajador perdió la vida tras quedar atrapado bajo un árbol. La protesta ha querido poner rostro y contexto a una siniestralidad laboral que, según denunciaron, «sigue cobrándose vidas mientras los empresarios vulneran la ley con la complicidad de los gobiernos».
Los representantes sindicales han subrayado que «si algo se puede destacar después de 30 años es que los empresarios incumplen la normativa de salud laboral y ejercen esa impunidad con la dejadez cómplice de los gobiernos. Eso lo paga la clase trabajadora con unas temibles tasas de accidentes».
Un informe reciente del Gobierno de Navarra sobre el cumplimiento de la normativa preventiva confirma, según los sindicatos, esa denuncia: el 80% de las empresas no cumple la ley. «Sólo así se puede entender la alta tasa de accidentes y enfermedades laborales que se da en Navarra», remarcaron.
Asimismo, las organizaciones convocantes denunciaron que «la impunidad empresarial es garantizada por la propia administración». En este sentido, recordaron que el Consejo del Diálogo Social, integrado por la patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO, «reparte 1,2 millones de euros anuales sin que ninguna de las medidas de sus planes sea de obligado cumplimiento en las empresas».
Los sindicatos criticaron también que las empresas «den la vuelta al problema calificando las bajas derivadas de la falta de prevención como absentismo y culpando a los trabajadores». Denunciaron además que las mutuas «rechazan de forma fraudulenta» el origen laboral de muchas dolencias, clasificándolas como bajas comunes. «La responsabilidad de vulnerar la salud laboral es de las empresas. Ese absentismo lo provocan ellos», señalaron.
La denuncia sindical cobró mayor peso tras recordar los dos graves accidentes ocurridos la semana pasada en una misma empresa forestal en Sakana, con un trabajador de 32 años evacuado en helicóptero y otro, de 62, fallecido días después al ser golpeado por una rama.
El sector forestal, recordaron, es uno de los más peligrosos de Euskal Herria, con una media anual de 2 a 3 muertes laborales en un colectivo de apenas 1.000 trabajadores. Los sindicatos achacan esa elevada siniestralidad a la precariedad y al modelo de explotación intensiva, donde los ritmos de trabajo, las jornadas prolongadas, la falta de formación y los equipos inadecuados agravan los riesgos inherentes de la actividad. En los últimos cuatro años, 10 trabajadores han muerto en el bosque, 8 de ellos en labores intensivas.
Más allá de ese modelo, denunciaron que el sector forestal convencional también presenta graves deficiencias: jornadas de hasta 12 horas, trabajo en solitario, maquinaria obsoleta y ausencia de medidas preventivas. «Esta situación es especialmente grave en Navarra, donde la inmensa mayoría de los trabajos forestales se desarrollan en bosques públicos. La Administración tiene mucho que decir y hacer sobre las condiciones laborales que se dan en sus propios montes», remarcaron.
Ante ello, los sindicatos exigieron al Gobierno de Navarra «dignificar las condiciones laborales en los bosques públicos» y propusieron un paquete de medidas concretas:
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Incluir en los pliegos de contratación de explotaciones forestales cláusulas de cumplimiento estricto de la normativa de salud laboral y limitaciones horarias.
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Reforzar la coordinación entre el departamento competente y la Inspección de Trabajo para controlar los procesos de explotación.
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Establecer límites horarios y mecanismos de control de fichaje.
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Garantizar la presencia de un recurso preventivo dedicado exclusivamente a la seguridad.
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Supervisar los tipos de contratación para evitar fraudes.
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Impulsar la formación directa de los trabajadores y trabajadoras forestales en colaboración con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (Ispln).
Los sindicatos concluyeron su movilización advirtiendo que «sin control público, sin responsabilidad empresarial y sin voluntad política, la Ley de Prevención seguirá siendo papel mojado mientras la clase trabajadora sigue dejando su vida en el trabajo».
