Podemos Aragón y Podemos Ahal Dugu Nafarroa han solicitado al Gobierno central la suspensión inmediata de la Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) concedida en 2019 al proyecto Mina Muga, una explotación de potasa situada entre Navarra y Aragón y cuestionada desde sus inicios por su impacto ambiental y por la opacidad en sus procedimientos administrativos.
La petición llega tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que apunta a que Javier Cachón, firmante de la DIA y entonces responsable de la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio, habría sido designado como una persona «ad hoc» para avalar un trámite esencial en la puesta en marcha de la mina. El documento, difundido ayer, sitúa su nombramiento dentro de las supuestas «Peticiones Nombramientos PNV», que según la UCO estarían vinculadas al apoyo parlamentario necesario en la investidura de Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018.
Para las direcciones de Podemos en ambos territorios, estos indicios, sumados a los vínculos que el mismo informe traza entre Mina Muga y la denominada trama Koldo-Ábalos-Cerdán en relación con la empresa ACCIONA, justifican la paralización total del procedimiento administrativo. “La suspensión de este informe medioambiental y de cualquier expediente relacionado debe realizarse por higiene democrática”, ha subrayado la coordinadora de Podemos Navarra, Neniques Roldán, que exige además esperar a la resolución del Tribunal Supremo. Este tribunal debe pronunciarse sobre el recurso de los Gobiernos de Navarra y Aragón contra la sentencia del TSJN, en un caso impulsado por Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza.
La portavoz de Podemos Aragón, Pilar Gimeno, considera que las nuevas informaciones obligan a despejar cualquier sombra de irregularidad: “En los últimos meses han trascendido datos que apuntan a posibles injerencias políticas y falta de claridad en procesos clave del proyecto. La transparencia total es una obligación, no una opción”.
Las dudas se extienden también a la gestión futura de los residuos. El informe de la UCO apunta a que se llegó a barajar la localidad zaragozana de Remolinos como depósito de materiales derivados de la actividad minera, pese a que la empresa había defendido inicialmente un sistema de backfilling para devolver el sobrante a los túneles excavados. “No entendemos por qué se decía que los residuos volverían a la mina y, sin embargo, se estudiaban otros emplazamientos”, añade Roldán.
Podemos Aragón y Navarra remarcan que no se oponen a la llegada de inversión internacional, pero advierten de que proyectos de esta magnitud requieren garantías estrictas. Gimeno recuerda el precedente del lindano en Sabiñánigo: “Aragón ya ha sufrido decisiones industriales mal planificadas cuya contaminación aún afecta a generaciones enteras. Todo indica que Mina Muga podría dejar una herencia ambiental peligrosa si no se actúa con máxima prudencia”.
Ambas formaciones piden ahora la suspensión de cualquier actividad relacionada con la mina mientras se revisan todos los expedientes administrativos que han acompañado su tramitación, ante la posibilidad de que existan injerencias políticas.
“ No podemos permitir que nuestros territorios queden expuestos a riesgos geológicos, ambientales o económicos sin garantías sólidas y verificables, y mucho menos por intereses espúreos ligados a tramas políticas”, concluyen. “Nuestro territorio y nuestra gente merecen seguridad, transparencia y futuro”.
