El Pleno del Parlamento de Navarra ha dado hoy luz verde, con el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, a la modificación de la Ley Foral 10/2010 del derecho a la vivienda asequible. UPN, PPN y el Grupo Mixto han votado en contra, mientras que la parlamentaria no adscrita no ha asistido a la sesión.
La reforma, impulsada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, busca corregir los desajustes técnicos que hasta ahora dificultaban la aplicación plena de la norma, especialmente en los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida. El objetivo es dotar al sistema de mayores garantías administrativas y herramientas informáticas que permitan un funcionamiento más ágil y eficaz.
Entre las principales novedades figura la regulación provisional de la vivienda colaborativa, pendiente todavía de una normativa específica, y el ajuste de las ayudas destinadas a la retirada de amianto: se mantiene la cuantía de 1.000 euros por vivienda, pero se eleva de 12.000 a 18.000 euros el límite máximo subvencionable por edificio rehabilitado.
La modificación introduce, además, cambios en los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida. En arrendamiento, las personas solicitantes deberán acreditar ingresos familiares ponderados de entre 5.000 euros y 2,5 veces el índice SARA. En los regímenes de propiedad o cesión de uso, los ingresos mínimos se establecen en 19.000 euros.
En cuanto a las viviendas promovidas en suelos municipales, se faculta a los ayuntamientos para fijar el número de inmuebles reservados a personas empadronadas con al menos tres años de antigüedad. También se aclara la reserva del 2% para familias numerosas de categoría especial, que será incompatible con el resto de cupos específicos.
Respecto al baremo de adjudicación en propiedad, se incorpora como miembros de la unidad familiar a todos los descendientes sobre los que se ejerza la patria potestad, independientemente de su edad. En el caso de las reservas de alquiler para integración social o personas con discapacidad, no será obligatorio acreditar haber mantenido en los últimos cinco años productos financieros con un saldo superior a 10.000 euros.
Las nuevas reglas sobre selección de adjudicatarios, baremos y tramos de renta se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2026, con excepciones para las reservas de familias numerosas y determinados proyectos en alquiler previamente calificados. Para el arrendamiento asequible, las adjudicaciones podrán comenzar desde el 1 de marzo de 2026 conforme a la normativa anterior, aunque aplicando los nuevos criterios económicos.
La ley incorpora un epígrafe dedicado a la vivienda colaborativa, definiéndola como un conjunto residencial de titularidad cooperativa cuyos socios disponen de derechos de uso individual. La norma prevé subvenciones y medidas fiscales para impulsar esta fórmula y apoyar proyectos de rehabilitación vinculados a ella.
Durante la tramitación en Comisión se aprobaron cinco enmiendas, entre ellas varias de EH Bildu que amplían el concepto de vivienda deshabitada al conjunto del Estado y permiten imponer el alquiler forzoso en viviendas desocupadas durante un año tras su declaración. Estas podrán incorporarse a la Bolsa de Alquiler de Nasuvinsa una vez concluido el procedimiento, que no podrá exceder de siete años y medio. También se introduce un régimen especial de rehabilitación para municipios en riesgo de despoblación, con el fin de reforzar las ayudas y contribuir a fijar población.
Se añade asimismo la posibilidad de revisar las subvenciones de contratos de alquiler de la Bolsa de Alquiler cuando la situación económica de los beneficiarios caiga al menos un 20%, una medida planteada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
En el Pleno se aprobaron dos enmiendas in voce de los grupos proponentes para adaptar el preámbulo a los cambios introducidos y para equiparar los derechos y obligaciones de las viviendas sometidas a alquiler forzoso a los del resto de inmuebles incorporados a la Bolsa de Alquiler. UPN, PPN y Grupo Mixto votaron en contra.
Tras su aprobación definitiva, la modificación de la Ley Foral 10/2010 entrará en vigor al día siguiente de su publicación. No obstante, la mayor parte de sus disposiciones comenzarán a aplicarse el próximo 1 de diciembre.
