El Partido Popular de Navarra ha dado un paso al frente en defensa de la atención sanitaria rural con el registro en el Parlamento foral de una Proposición de Ley que busca impedir el cierre de los Servicios de Urgencia Rural (SUR), previsto por el Gobierno de Navarra, y blindar la equidad en el acceso a la atención urgente en todo el territorio.
El presidente del PPN, Javier García, ha sido especialmente crítico con la decisión del Ejecutivo foral, a la que ha tachado de “grave vulneración de la equidad sanitaria” y de discriminatoria para quienes viven fuera de las áreas urbanas. “Es una cuestión de justicia social. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda dependiendo de dónde viven. La salud no puede depender del código postal”, ha remarcado.
Según ha explicado García, la supresión de estos once puntos de atención urgente incrementará la desigualdad y comprometerá la cohesión territorial de Navarra. Una medida que, a su juicio, también tiene consecuencias directas en la supervivencia de los pacientes: “Cerrar servicios de urgencia reduce la tasa de supervivencia de muchos navarros, porque una mayor distancia a urgencias implica más mortalidad en infartos, ictus y trauma grave”. El líder popular ha recordado que los SUR resuelven el 85% de las urgencias in situ, evitando traslados y la saturación hospitalaria.
García ha denunciado que la sanidad navarra “sufre un deterioro progresivo”, con listas de espera “interminables” a las que ahora se suma “un nuevo problema añadido” que limita el derecho a una atención urgente de calidad. “Estas son las medidas progresistas de este Ejecutivo que, lejos de reducir desigualdades, están dejando a miles de navarros atrás, especialmente a los más vulnerables”, ha criticado.
El impacto del cierre, ha subrayado, alcanzaría a 45.000 navarros, de los cuales un 68% tiene más de 65 años. “Es una irresponsabilidad retirar servicios esenciales en un territorio envejecido, disperso y con dificultades orográficas como el nuestro. Si queremos que haya vida, familias y empresas en nuestros pueblos, hay que garantizar servicios públicos de calidad. Y el primero es la salud”.
Además, García ha puesto en duda el supuesto ahorro que persigue el Gobierno foral con esta reordenación. Según sus cálculos, la medida generará un sobrecoste anual superior a 15 millones de euros debido al aumento de traslados, ingresos hospitalarios y la saturación de los servicios de urgencias.
La Proposición de Ley del PPN plantea la obligación de mantener operativos los SUR y establece que cualquier modificación en la red de urgencias deberá sustentarse en informes técnicos, contar con la participación de los profesionales y garantizar la accesibilidad de los ciudadanos.
El texto incluye también tiempos máximos de respuesta —que no superen los 15 minutos en urgencias vitales— y la puesta en marcha de un Plan de Fortalecimiento de la Atención Urgente Rural.
“Los navarros merecen políticas que aseguren su derecho a una atención sanitaria independientemente de su lugar de residencia”, ha concluido García, quien ha acusado al Gobierno foral de “limitar ese derecho y deteriorar cada día más la calidad de los servicios públicos en el medio rural”.
