El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia en una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que explica que su decisión responde a un "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la condena dictada por el Tribunal Supremo. En el escrito, García Ortiz solicita que el Consejo de Ministros proceda a su cese, adelantándose a la ejecución formal de la inhabilitación de dos años que le ha impuesto el tribunal por un delito de revelación de secretos.
En su misiva, el fiscal general subraya que esta renuncia es un acto debido "no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española", reconociendo que tras conocer el fallo judicial ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad". García Ortiz mantiene que durante su mandato ha servido a la institución con dedicación, vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional, y expresa su convicción de haber actuado en favor de la Fiscalía a la que honra pertenecer.
El cese formal del fiscal general dependerá de la aceptación del Consejo de Ministros, que previsiblemente se pronunciará en la reunión prevista para este martes. Con esta decisión, el Gobierno queda habilitado para nombrar a su sustituto, en un contexto marcado por la tensión política y las repercusiones judiciales derivadas de la sentencia. La carta refleja la voluntad de García Ortiz de proteger la credibilidad y el prestigio de la Fiscalía y evitar que la sentencia judicial agrave la crisis institucional en el Ministerio Público.
Este gesto se produce después de que el Supremo condenara a García Ortiz a pagar una multa y una indemnización, además de la inhabilitación, por la filtración de datos personales de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, un caso que ha generado un fuerte debate sobre la independencia y el uso político de la Fiscalía en Españ
