Fundación CERMI Mujeres y el CERMI Navarra han solicitado al Parlamento de Navarra que impulse una proposición de ley estatal destinada a reconocer, reparar e indemnizar a las víctimas de esterilización forzada o no consentida por razón de discapacidad, una práctica permitida por la legislación española durante más de treinta años y que afectó mayoritariamente a mujeres y niñas con discapacidad intelectual o psicosocial.
La petición fue formulada este viernes por la presidenta del CERMI Navarra y patrona de la Fundación CERMI Mujeres, Mari Luz Sanz Escudero, durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo de la Cámara foral. Sanz solicitó formalmente que el Parlamento navarro ejerza la iniciativa legislativa prevista en el artículo 87.2 de la Constitución Española y remita al Congreso de los Diputados una proposición de ley estatal sobre esta materia.
La comparecencia se enmarca en el programa de actividades organizado por la Fundación CERMI Mujeres con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y, según subrayó Sanz, responde a “una de las grandes asignaturas pendientes en materia de derechos humanos en España”.
Durante su intervención, la presidenta del CERMI Navarra recordó que miles de personas con discapacidad fueron esterilizadas sin su consentimiento, muchas de ellas tras autorizaciones judiciales dictadas cuando habían sido privadas de su capacidad jurídica. “Hoy no venimos solo a hablar de derechos en abstracto; venimos a hablar de memoria, de justicia y de reparación”, afirmó ante los grupos parlamentarios.
La iniciativa legislativa promovida por la Fundación CERMI Mujeres contempla, entre otras medidas, el reconocimiento oficial de las víctimas, la declaración de nulidad de los procedimientos judiciales que autorizaron las esterilizaciones, una indemnización económica justa, programas de rehabilitación integral y acciones de reparación simbólica, incluido un acto público de perdón por parte del Estado y garantías efectivas de no repetición.
Sanz apeló al compromiso del Parlamento de Navarra para trasladar esta propuesta al Congreso y dar respuesta a lo que calificó como “una deuda histórica”. “Muchas de estas mujeres han envejecido sin haber recibido jamás una disculpa ni un reconocimiento institucional del daño sufrido”, señaló.
Desde la Fundación CERMI Mujeres se insiste en que la iniciativa no pretende reabrir heridas, sino cerrarlas desde la verdad, la justicia y la reparación. Reconocer a las víctimas de esterilización forzada por razón de discapacidad, subrayan, es una obligación democrática y una exigencia derivada de los compromisos internacionales en derechos humanos asumidos por España. “Las mujeres y niñas con discapacidad no pueden seguir esperando”, concluyen, advirtiendo de que el paso del tiempo agrava la deuda pendiente y refuerza la urgencia de una respuesta legislativa que restituya la dignidad vulnerada y garantice que nunca más se decida sobre el cuerpo de una mujer con discapacidad sin su voluntad y sin sus derechos.
