La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona volvió a convertir este miércoles el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler en uno de los focos de tensión política, con un duro cruce de reproches entre UPN y los grupos del actual equipo de gobierno, y la constatación compartida de que el sistema no funciona como debería.
El debate se abrió a raíz de una declaración presentada por UPN sobre el “deterioro del servicio de bicicletas eléctricas de Pamplona”, en la que su portavoz, Aitor Silgado, denunció que la imagen de “cero bicis disponibles” se repite “día a día” en muchas estaciones y reclamó explicaciones a los responsables municipales. Silgado exigió al concejal de Proyectos Estratégicos y Movilidad, Borja Izaguirre (EH Bildu), que aclare qué está pasando y qué tiene que decir “a los ciudadanos que pagan el abono anual y no pueden disfrutar del servicio”.
UPN habla de “cero bicis” y falta de transparencia
Silgado describió un servicio tensionado por la demanda, con bases vacías y usuarios que se preguntan por la reducción del número de bicicletas sin haber recibido información clara del Ayuntamiento. Recordó que en noviembre de 2025 se lanzó una campaña para captar 500 nuevos usuarios, a los que se suman los ya existentes, y que el 60% de los usuarios cuenta con abono anual, lo que agrava el malestar al no poder usar un servicio por el que han pagado.
El portavoz de UPN cifró en más de 60.000 las personas que utilizan mensualmente el sistema en Pamplona y cuestionó el efecto que la actual situación puede tener en la confianza de otros ayuntamientos de la comarca, en pleno debate sobre la comarcalización del servicio. Su declaración instaba al equipo de gobierno a dar cuenta del estado del servicio, revisar las condiciones de prestación, los protocolos de mantenimiento y el funcionamiento de las bases, y adoptar medidas “inmediatas” para restablecer el número de bicicletas disponibles.
En su segunda intervención, Silgado insistió en que “esta es la realidad del servicio de bicicletas eléctricas en nuestra ciudad ahora: cero”, y acusó al PSN de desentenderse de un problema visible para cualquiera que se acerque a las estaciones. A su juicio, los usuarios “se van con cero respuestas”, sin saber por qué no hay bicis ni cuándo se va a normalizar la situación, ni si se les compensará por los meses en los que no han podido usar el abono.
Izaguirre habla de “herencia envenenada” y admite que el sistema “no es adecuado”
Borja Izaguirre Larrañaga, concejal de EH Bildu y responsable del área, reconoció desde el inicio que el expediente “no es fácil” y definió el sistema de bicis eléctricas como “una herencia envenenada”. “Coincido con usted, el servicio que estamos dando ahora no es adecuado, y estamos intentando arreglarlo”, afirmó, subrayando que el actual equipo de gobierno tuvo que afrontar un modelo deficitario que no se ajustaba a las promesas iniciales de gratuidad.
Izaguirre recordó que en abril del año pasado se puso en marcha el “rescate” del sistema, después de que, según dijo, “la derecha no hizo nada” pese a ser conocedor de los problemas que ya se arrastraban. Recalcó que la prioridad del área es que Pamplona tenga un sistema de bicicletas eléctricas, que la ciudad “apuesta” por este modo de movilidad y que se está trabajando “prácticamente todos los días” con la empresa concesionaria, junto con los servicios jurídicos y el área de movilidad, para enderezar el servicio.
El edil de EH Bildu insistió en que “sabemos que no es el mejor sistema” y se comprometió a llevar toda la información a la próxima Junta de Movilidad, foro en el que prevé detallar qué está ocurriendo y cuáles son los pasos que se están dando para corregir las deficiencias. Al mismo tiempo, reclamó a UPN “un poco de autocrítica” y negó que el modelo que heredaron fuera “tan exitoso” como defiende la oposición.
El PSN rechaza la declaración y carga contra el modelo de Navarra Suma
La portavoz del PSN, Marina Curiel, reconoció también que el servicio “no está funcionando al 100%” y habló como usuaria, pero avanzó que los socialistas no apoyarían la declaración de UPN. Justificó su negativa en la necesidad de contextualizar el origen de lo que calificó como “fiasco” del servicio, un sistema que Navarra Suma vendió como el gran hito de la movilidad sostenible, sin coste para el Ayuntamiento, y que ha resultado “deficitario” y “sin rigor presupuestario”.
Curiel criticó que UPN prometiera bonos y descuentos sin tener un modelo económico sólido ni presupuestos aprobados, lo que, a su juicio, generó un “hoyo fiscal” para las arcas municipales. Señaló que el servicio ha requerido compensaciones económicas para garantizar su continuidad y que ha sido necesario “rescatarlo y estabilizarlo” después de que el anterior equipo ocultara información tanto a la oposición como a la ciudadanía.
Desde el PSN defendieron que el sistema de bicicletas eléctricas debe ser realmente público, financieramente sostenible, técnicamente robusto y comarcal, para evitar improvisaciones y garantizar una red interconectada con otros municipios de la comarca. Curiel reivindicó la propuesta socialista de comarcalización, con criterios compartidos de uso, mantenimiento y expansión, como la vía para convertir la red en una infraestructura útil para la movilidad cotidiana y no en “un experimento mal financiado”.
Geroa Bai y Contigo Zurekin apuestan por la comarcalización y critican el origen del contrato
El portavoz de Geroa Bai, Javier Leoz, admitió que el servicio tuvo desde el principio una “altísima demanda” y que ese fue “el éxito” del modelo, pero advirtió de que “desde su implantación casi han existido problemas” ligados a la concesión. Recordó que ya en su momento se alertó de que “lo que se nos vende como gratuito termina siendo muy caro” y que ahora se combina un coste elevado para el Ayuntamiento con un servicio deficiente.
Leoz mostró confianza en el trabajo que está realizando el área de movilidad para buscar soluciones en un marco complejo por las limitaciones jurídicas de la concesión, y pidió que, una vez se vislumbren las medidas de corrección, se informe con detalle en la Junta de Movilidad. Subrayó, además, la importancia de que la solución facilite la comarcalización del servicio, uno de los grandes déficits que, a su juicio, arrastraba el modelo inicial.
Por su parte, el portavoz de Contigo Zurekin, Txema Mauleón, defendió que el servicio debió haber sido “desde un principio comarcal, a precios asequibles y viable económicamente, con una amplia red de estaciones”. Acusó a los anteriores responsables de hacer “exactamente lo contrario”, poniendo en marcha un sistema no comarcal, “muy caro y absolutamente deficitario”, con evidentes problemas de gestión.
Mauleón explicó que el actual equipo está “rescatando un sistema absolutamente nefasto en la gestión” y trabajando para aprovechar las ayudas ligadas a la ordenanza de la zona de bajas emisiones, con el objetivo de abaratar el servicio y hacerlo competitivo frente a otros modos de transporte. A su entender, se trata ahora de “enderezar un barco a la deriva” y avanzar hacia un modelo comarcal, de servicio público y precio asequible, que sea una alternativa real para impulsar la movilidad sostenible en Pamplona y su comarca.
El PPN apoya la iniciativa y reprocha la falta de información
La portavoz del PPN, Carmen Alba, anunció el apoyo de su grupo a la declaración de UPN al considerar “lógico” instar al equipo de gobierno a dar cuenta del estado del servicio. Alba se preguntó por qué el PSN se niega a respaldar un texto que, en la práctica, reclama la misma información que, según Izaguirre, se va a trasladar a la Junta de Movilidad.
La edil popular defendió que el servicio fue “un éxito” por la alta demanda y la satisfacción inicial de los usuarios, y denunció que ahora “no hay más que quejas” y falta de bicicletas en las estaciones. También recordó que el actual equipo lleva ya un tiempo en el gobierno municipal y que “algo de responsabilidad habrá” en el mal funcionamiento del sistema, más allá de los problemas heredados.
Votación final: la declaración de UPN, rechazada
Tras un buen rato de debate, la declaración de UPN sobre el deterioro del servicio de bicicletas eléctricas fue finalmente rechazada, con cinco votos a favor y siete en contra. La mayoría del equipo de gobierno tumbó así un texto que, aun reconociendo el diagnóstico compartido de que el servicio no funciona correctamente, se interpretó desde PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin como un intento de eludir la responsabilidad del grupo proponente en los problemas de origen del actual modelo.
