Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para exigir al Gobierno foral que publique, con carácter trimestral, el origen nacional de las personas detenidas. La formación ha presentado esta iniciativa con el objetivo de contribuir —junto al análisis de otros datos— a la caracterización de perfiles delictivos, la prevención de conductas criminales y la reducción de la delincuencia, “evitando en todo caso la estigmatización por origen”.
Según ha explicado el partido, la propuesta busca el encaje jurídico adecuado mediante la modificación del artículo 19 de la Ley Foral 12/2023 de lucha contra el racismo y la xenofobia, con el fin de dotar a la nueva normativa de las máximas garantías legales. En la exposición de motivos, los foralistas sostienen que hacer público el país de origen de las personas que delinquen con fines preventivos y de transparencia supone “un ejercicio propio de una sociedad adulta y madura”.
UPN ha remarcado además que la difusión de estos datos, acompañada de la debida contextualización, no debería generar estigmatización. A su juicio, la publicación de información oficial y rigurosa puede contribuir a evitar discursos sesgados, manipulaciones o bulos basados en estereotipos, y facilitar un debate social fundamentado en datos verificables. En ese sentido, la formación ha subrayado que “una información puesta en contexto y acompañada de medidas complementarias no tiene por qué señalar a nadie”.
La iniciativa se presenta en un contexto en el que la delincuencia figura entre las cuatro principales preocupaciones ciudadanas en Navarra, según una encuesta sobre confianza institucional y percepción de los servicios públicos difundida en diciembre de 2025. Asimismo, el partido ha recordado que otras comunidades ya han adoptado medidas similares, señalando que desde finales de 2025 se publican estos datos en la Comunidad Autónoma Vasca y que Cataluña prevé hacerlo a lo largo de 2026.
Por todo ello, UPN ha defendido que los ciudadanos navarros “también tienen derecho a conocer esa información” como una cuestión de transparencia en una sociedad democrática, abierta y plural. La formación ha concluido insistiendo en que el origen nacional es “un dato más a tener en cuenta al analizar la criminalidad, que no debe ocultarse, pero tampoco sacarse de contexto ni utilizarse para señalar a ninguna persona ni colectivo”.
