La crisis del servicio de bicicleta eléctrica compartida en Pamplona suma un nuevo capítulo. La empresa concesionaria, Ride On Pamplona ha respondido con dureza al requerimiento municipal del pasado viernes que le instaba a restablecer el servicio, segurando que resulta “materialmente imposible” hacerlo en el plazo fijado por el Ayuntamiento si antes no se cumplen los compromisos económicos pendientes.
En un escrito dirigido al Consistorio, la empresa sostiene que la suspensión no obedece a una decisión unilateral, sino a “motivos estrictamente financieros y de seguridad operativa” derivados, a su juicio, de “reiterados incumplimientos contractuales por parte de ese Ayuntamiento”.
La compañía subraya que durante los últimos meses ha advertido de la situación en más de 34 reuniones y 150 comunicaciones electrónicas, alertando de una “emergencia financiera e inviabilidad operativa” si no se corregían los retrasos y modificaciones en los pagos acordados. “Pese a ello, no se ha adoptado medida alguna para evitar el colapso del sistema, como finalmente ha ocurrido”, afirma.
La aportación de 200.000 euros que no fueron a fondo perdido
Uno de los principales puntos de fricción es el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de abril de 2025. Según Ride On, el Ayuntamiento se comprometió inicialmente a una aportación de 200.000 euros a fondo perdido para cubrir deuda del ejercicio 2025, que posteriormente habría transformado “unilateralmente” en un anticipo reintegrable y cuya devolución se exigió en diciembre.
“Tenemos perfectamente documentado que este Ayuntamiento reconoció por escrito el incumplimiento contractual que suponía esta exigencia de devolución”, señala la empresa, que asegura que los mecanismos de compensación planteados entonces “han sido ignorados”.
También denuncia el impago del 6% en concepto de beneficio industrial, recogido —según la mercantil— en informes municipales como elemento esencial para garantizar la viabilidad del contrato. “Dicho porcentaje nunca ha sido abonado, lo que constituye un nuevo y grave incumplimiento”, sostiene.
Compensaciones sin pagar desde septiembre
Otro de los reproches más severos se centra en las compensaciones económico-financieras. El acuerdo de abril de 2025 establecía que el Ayuntamiento asumiría el déficit del contrato mientras la empresa continuara gestionando el servicio. Los pagos, primero trimestrales y después mensuales, debían aprobarse una vez justificadas las liquidaciones.
Ride On asegura que ha mantenido la continuidad del servicio, pero que el Consistorio “ha incumplido su obligación de compensación económica o lo ha hecho con manifiesto retraso”, lo que ha generado una situación de “crisis financiera” al tener que adelantar costes de un sistema público “deficitario por las tarifas impuestas por el Ayuntamiento”.
La empresa afirma que desde septiembre de 2025 no ha recibido cantidad alguna por este concepto, pese a haber presentado las liquidaciones. “El viernes 13 de febrero de 2026, cuando el sistema ya se encontraba fuera de servicio por imposibilidad financiera, se recibió la información sobre la liquidación correspondiente a septiembre de 2025 (no su pago)”, recalca.
Además, cifra en 55.282,50 euros la cantidad retenida por la extensión de abonos a usuarios, cuyo anticipo fue acordado en Junta de Gobierno en diciembre.
La compra del stock: 700.000 euros pendientes
La concesionaria también denuncia incumplimientos en la compra del stock de material por parte del Ayuntamiento, acordada por 700.000 euros más IVA. Aunque el contrato se adjudicó en noviembre y el stock se trasladó en enero, la empresa sostiene que “a fecha de hoy (…) no ha realizado tampoco ningún pago del mismo”.
Según Ride On, la demora en la formalización, traslado y recepción definitiva del material —de la que aún no existiría acta— ha agravado su situación de tesorería, pese a que la urgencia financiera era conocida por los servicios municipales.
“No se puede exigir a quien no ha cobrado”
En su escrito, la empresa es clara al rechazar una posible resolución unilateral por incumplimiento: “No puede exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un Acuerdo, quien ha incumplido previa y reiteradamente las suyas”.
Añade que, en las condiciones actuales, cualquier intento de reactivar el sistema “sin garantías mínimas comprometería la seguridad de las personas usuarias”, responsabilidad que atribuye al Ayuntamiento si se fuerza la reapertura sin financiación suficiente.
Requerimiento formal y voluntad de transición
Ride On solicita formalmente el reconocimiento y pago de los 700.000 euros más IVA por la compra del stock; las compensaciones pendientes desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026; los 55.282,50 euros del anticipo de abonos, así como el 6% de beneficio industrial acordado.
Pese al tono contundente del escrito, la empresa afirma que mantiene su “voluntad de realizar lo necesario en orden a una transición ordenada, con el esencial objetivo de beneficiar, y en ningún caso perjudicar, a los usuarios”. No obstante, advierte de que para ello es “indispensable la recepción inmediata de fondos suficientes” que permitan recontratar personal, adquirir material mínimo y recuperar progresivamente el sistema.
A la espera de una respuesta municipal, el servicio de bicicleta eléctrica compartida continúa paralizado, en medio de un cruce de reproches que deja a los usuarios como principales perjudicados y que vuelve a poner el foco en la gestión política y económica de los servicios públicos en la ciudad.
