El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido acudir a la vía judicial tras la clausura unilateral del servicio de bicicletas eléctricas por parte de la concesionaria Ride On Pamplona. El Consistorio reclamará la apertura de un concurso de acreedores para la empresa con el objetivo de restaurar el sistema y garantizar su continuidad hasta la entrada en funcionamiento de una nueva adjudicataria prevista para el próximo otoño.
La decisión se produce después de que la compañía ejecutara el cierre el pasado viernes, una medida que el Ayuntamiento ya ha comunicado formalmente y que se materializará en los próximos días ante el tribunal mercantil. Aunque la prioridad municipal había sido alcanzar un acuerdo que permitiera una transición ordenada, el cese del servicio ha forzado el paso a un escenario judicial que ya se contemplaba como posibilidad.
Durante la semana previa al cierre, el Consistorio intentó pactar con la concesionaria una fórmula basada en anticipos mensuales de 16.000 euros, el pago directo de gastos esenciales, una auditoría externa del material y un control compartido de las cuentas. Sin embargo, la negativa de la empresa a aceptar la verificación independiente del stock y la exigencia de reconocer facturas no emitidas frustraron el acuerdo.
El concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, defendió la postura municipal al subrayar que “estamos hablando de dinero público, y ha de gestionarse con responsabilidad; ceder a las pretensiones empresariales sin garantías de calidad respecto al servicio y al material no sería responsable”.
Protección a las personas usuarias y continuidad del sistema
A partir de ahora, el Ayuntamiento —como acreedor— impulsará el concurso con la intención de negociar directamente con el administrador concursal y tratar de mantener el servicio operativo. El edil reconoció que podría producirse una interrupción temporal, pero aseguró que la prioridad será proteger a quienes disponen de saldo en abonos o monederos virtuales.
El Consistorio trabaja en un procedimiento electrónico para reintegrar estos importes —estimados en unos 250.000 euros— a cambio de asumir la reclamación de la deuda. “Nos enfrentamos a la posibilidad de estar unos meses sin servicio, pero nuestra prioridad será que la ciudadanía no pierda su dinero”, señaló Abaurrea.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha garantizado que no se perderán los 1,03 millones de euros en financiación europea recibidos en 2023 a través del programa Next Generation EU. Desde la Unión Europea se ha trasladado que no habrá reintegro siempre que se justifique el cambio de concesionaria y se mantenga el servicio, instando además a acelerar la nueva licitación.
Hacia un nuevo modelo comarcal
De forma paralela al proceso judicial, el Ayuntamiento ultima el concurso para implantar un nuevo sistema de bicicleta eléctrica bajo control público, con un contrato de diez años y vocación comarcal. La licitación se prevé para marzo, con resolución antes de San Fermín, inicio de implantación en septiembre y pleno funcionamiento en diciembre.
El futuro servicio mantendrá la dimensión actual —unas 400 bicicletas y 42 estaciones— y permitirá ampliaciones progresivas para otros municipios de la comarca, con criterios centrados en la robustez del material, la logística de redistribución y la disponibilidad de repuestos. Asimismo, se contempla que, en una segunda fase, la gestión pueda recaer en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona cuando disponga de capacidad técnica suficiente.
Con esta hoja de ruta, el Consistorio busca minimizar el impacto del cierre en la ciudadanía y garantizar la continuidad de un servicio considerado estratégico para la movilidad sostenible en la capital navarra.
