Domingo por la noche. Mañana toca volver a la consulta tras unos días de vacaciones. Han sido las primeras semanas, en muchos años, en las que de verdad he desconectado: sin abrir el correo corporativo, sin entrar en la historia clínica, sin llamar a compañeros para coordinar el seguimiento de algún paciente complicado ni adelantar informes urgentes desde casa. Sentía que era una necesidad ineludible parar. Y, sin embargo, lejos de la calma, ahora siento nervios y cierta ansiedad. Me da pavor abrir mañana el correo y encontrarme con decenas —quizá cientos— de avisos pendientes con etiqueta de urgente, y con algunos pacientes que pueden sentirse molestos, si no enfadados, por la demora en la respuesta.
Hace unos años —cuando se cubrían bajas y vacaciones— esto no ocurría, o al menos no con tanta frecuencia. Pero desde que la precariedad se ha instalado en la sanidad, y especialmente en el estamento médico, como algo estructural, lo excepcional se ha convertido en rutina. No solo tras los descansos: también después de una baja médica, incluso larga, uno regresa sabiendo que un compañero ha tenido que lidiar como ha podido con su agenda y con otras dos o tres más. El resultado es previsible: revisiones atrasadas, malestar lógico de los pacientes y el temor a que algún proceso se haya complicado por no intervenir a tiempo. Siempre la misma explicación, repetida como un mantra: “no hay médicos”. ¿Pero cuál es el motivo?
El debate sobre las condiciones de los facultativos suele centrarse en el sueldo, y enseguida aparecen comparaciones con otros países para explicar la falta de galenos. Pero quizá esa no sea la cuestión, o al menos no la única. No se trata únicamente de medir nuestro sueldo con Estados Unidos o Australia, sino de preguntarnos cómo valora nuestra sociedad a quienes ejercen esta profesión, y cómo retribuye y respeta un trabajo que exige más de una década de formación, una responsabilidad extrema y una dedicación constante.
No es una crítica hacia otros profesionales, cuyo trabajo también es necesario y digno. Pero resulta difícil entender que, en muchos casos, médicos con un nivel de cualificación y responsabilidad extraordinarios perciban remuneraciones inferiores a las de ocupaciones que implican menor exigencia formativa o menor carga decisoria. La incoherencia no es solo laboral: es social.
Porque el trabajo de un médico no se limita a diagnosticar y tratar enfermedades. Tomamos decisiones que afectan a la vida y la muerte cada día. Firmamos informes que condicionan incapacidades laborales, participamos en evaluaciones para eutanasia, intervenimos en decisiones como la retirada de patria potestad, elaboramos informes que influyen en la imputabilidad ante hechos graves o en la concesión de licencias para el uso de armas. Cada firma tiene consecuencias profundas y, a menudo, irreversibles. Para asumirlas con rigor necesitamos tiempo para reflexionar, así como una mente descansada para poder hacerlo.
Y, sin embargo, las condiciones laborales no siempre reflejan esa responsabilidad ni permiten ejercerla de forma adecuada. Jornadas extensas, descansos insuficientes, sobrecarga asistencial y una burocracia creciente dibujan un escenario difícilmente compatible con la excelencia que se nos exige.
No se trata de reclamar privilegios ni de menospreciar a otros colectivos, sino de señalar una evidencia incómoda: en España, la exigencia y la responsabilidad médicas conviven con condiciones laborales precarias, objetivamente peores que las de otros ámbitos sanitarios y profesionales.
Lo que está en juego va más allá de la situación de los médicos: tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos ser. Cuando una comunidad deja de reconocer el esfuerzo, la formación, la dedicación y la responsabilidad, envía un mensaje peligroso: que esforzarse no merece la pena. Y ese mensaje cala, especialmente entre quienes serán mañana su futuro.
Si dejamos de valorar el mérito, la formación, la asunción de responsabilidades y el compromiso, abrimos la puerta a la mediocridad. Y ningún sistema sanitario —ni ninguna sociedad— puede sostenerse mucho tiempo instalada en ella. Cuidar la sanidad pública implica, necesariamente, cuidar a quienes la sostienen y tienen el deber de ser punta de lanza de la misma. Atender la singularidad de su trabajo —lo que, en el fondo, subyace en la reivindicación de un estatuto médico propio— debería ser una obligación. No por corporativismo, sino por pura responsabilidad colectiva.
Dra. Camino Núñez Melón. Facultativa especialista del SNS-O
