El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha dado un paso más en su estrategia contra el acoso escolar con la elaboración de un nuevo Decreto Foral de Convivencia que contempla medidas más contundentes frente a las agresiones entre estudiantes. Entre ellas, destaca la posibilidad de trasladar definitivamente de centro al alumnado que protagonice situaciones de acoso o ciberacoso.
El proyecto normativo ha sido remitido al Portal de Transparencia para la recepción de aportaciones y sustituirá al decreto vigente desde 2010. La nueva regulación busca reforzar la convivencia en los centros educativos y mejorar la protección de las víctimas ante situaciones graves.
Según recoge el texto, cuando un alumno o alumna sea identificado como agresor en casos de acoso o ciberacoso, se podrá acordar su salida definitiva del centro en el que se hayan producido las agresiones. La medida deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de Educación, tras escuchar al Consejo Escolar del centro, y se formalizará mediante una resolución administrativa.
El traslado se realizará preferentemente dentro de la misma red educativa y modalidad lingüística en la que esté escolarizado el estudiante. No obstante, en casos excepcionales en los que no se puedan garantizar unas condiciones adecuadas de escolarización en otro centro, se podrá acordar la suspensión del derecho de asistencia durante quince días lectivos, siempre priorizando la protección de las víctimas.
Además, el decreto contempla que si el agresor o agresora es mayor de edad, el centro podrá proponer la rescisión de la matrícula, lo que impediría una nueva inscripción durante el mismo curso escolar.
Nuevas formas de violencia y enfoque socioemocional
El nuevo decreto incorpora también importantes novedades en el ámbito de la prevención y la intervención educativa. Por primera vez, introduce de forma explícita el malestar socioemocional y la salud mental como factores vinculados a la convivencia escolar.
El texto define con mayor precisión el conflicto escolar, diferenciándolo claramente del acoso, e identifica distintas formas de violencia que pueden darse en los centros. Entre ellas, incluye la violencia contra las mujeres, la violencia racial o xenófoba, la LGTBI+fobia y la violencia por motivos de discapacidad, para las que se proponen estrategias específicas de intervención.
Asimismo, establece un nuevo marco de prácticas educativas para fomentar la convivencia positiva, basado en herramientas como el método dialógico, los sistemas de apoyo entre iguales y los programas de educación socioemocional. Estas medidas buscan gestionar los conflictos de manera pacífica mediante la mediación y las prácticas restaurativas.
Protocolo ante sospechas de acoso
El decreto detalla también el protocolo de evaluación e intervención ante sospechas de acoso entre iguales, que deberán aplicar los centros educativos siempre que algún miembro de la comunidad educativa detecte indicios de este tipo de situaciones.
Este procedimiento formará parte del Plan de Convivencia de cada centro, integrado a su vez en el Proyecto Educativo. Además, la norma define con mayor claridad el ciberacoso, identificando tanto sus características básicas como las conductas específicas que lo conforman.
Un problema creciente
La reforma normativa responde a una realidad que los estudios recientes consideran preocupante. Un informe sobre vulnerabilidad y fortaleza emocional en la educación navarra, presentado en noviembre de 2025, detectó un aumento del 6 % en los casos de acoso escolar respecto a los datos del curso 2022-2023.
En aquel estudio, realizado con una muestra de 15.544 estudiantes, el 48,4 % del alumnado afirmaba haber sufrido acoso escolar presencial. Otros trabajos posteriores, elaborados por la Cátedra de Inteligencia Emocional de UNED Pamplona y Fundación Caja Navarra, elevaron ese porcentaje hasta alrededor del 54 % del alumnado que reconocía haber experimentado alguna conducta de bullying.
El análisis también reflejó un aumento significativo del alumnado que admite haber ejercido comportamientos de acoso. En el curso 2024-2025, el 46 % de los estudiantes reconocía haber realizado alguna conducta de bullying, más de diez puntos por encima del 32 % registrado en 2023.
Ante estos datos, el Departamento de Educación considera necesario actualizar el marco regulador para reforzar la prevención, mejorar la intervención educativa y proteger con mayor eficacia a las víctimas dentro de los centros escolares.
