El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la toma en consideración de una iniciativa legislativa de carácter estatal que planteaba modificar la regulación del Salario Mínimo Interprofesional para permitir que las comunidades autónomas pudieran fijar su propio suelo salarial.
La propuesta, impulsada por EH Bildu y Geroa Bai, ha sido rechazada con los votos en contra de Partido Socialista de Navarra, Partido Popular de Navarra, Contigo-Zurekin, VOX y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, mientras que Unión del Pueblo Navarro se ha abstenido. Únicamente los grupos proponentes han votado a favor.
La iniciativa planteaba modificar el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) 2/2015 para facultar a las comunidades autónomas a establecer el salario mínimo en función de criterios adaptados a su realidad social y económica, con el objetivo de adecuar el nivel salarial al coste de vida de cada territorio.
Según defendieron EH Bildu y Geroa Bai, la descentralización del SMI permitiría reforzar su papel como instrumento de redistribución de la riqueza y cohesión social, además de favorecer la reducción de brechas salariales por género, origen, edad o diversidad funcional, especialmente presentes en el sector servicios.
En su argumentación, los proponentes recordaron que los salarios mínimos mensuales de varios países europeos se sitúan muy por encima del español, citando cifras de 2024 como los 2.054 euros de Alemania, 1.766 de Francia, 2.230 de Gran Bretaña, 2.070 de Bélgica, 2.570 de Luxemburgo, 2.134 de Holanda, 2.146 de Irlanda o 2.493 de Islandia.
Asimismo, estimaron que cerca de 80.000 trabajadores y trabajadoras de Navarra podrían beneficiarse de un SMI adaptado a la realidad del territorio, donde —según señalaron— el precio de bienes y servicios, incluida la vivienda, supera en muchos casos al de otras zonas del Estado.
La proposición incluía entre los criterios para fijar el salario mínimo aspectos como la renta disponible, el coste de la vida o los servicios públicos existentes, y otorgaba a las comunidades autónomas la competencia para determinar su cuantía anual.
Sin embargo, los portavoces de PSN y Contigo-Zurekin asumieron las razones de “disconformidad” expresadas por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra, al considerar que el SMI forma parte del núcleo esencial de la legislación laboral básica, cuya competencia corresponde al Estado.
En este sentido, defendieron que el salario mínimo constituye una herramienta clave para garantizar el principio de igualdad entre trabajadores, de modo que todas las personas empleadas perciban un mínimo salarial idéntico con independencia del territorio o del sector productivo.
Por su parte, UPN, PPN, el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita también rechazaron la tramitación de la iniciativa al considerar, entre otros argumentos, que se trataba de una propuesta descontextualizada.
De haber prosperado en el Parlamento foral, la iniciativa se habría remitido al Congreso de los Diputados al amparo del artículo 87.2 de la Constitución, con la designación de hasta tres parlamentarios forales encargados de defenderla ante la Cámara Baja.
