Pedro Rodríguez Fernández, exdirector de Geoalcali, negó ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra cualquier pago, mordida o amaño vinculado al proyecto de Mina Muga y defendió que toda la operación fue “100% privada”, sin subvenciones ni dinero público. Durante su comparecencia, sostuvo además que los contactos con administraciones y responsables políticos formaron parte de la tramitación ordinaria de un proyecto minero sometido a múltiples permisos, informes técnicos y evaluaciones ambientales.
Rodríguez Fernández explicó que es geólogo y que hasta 2014 fue consejero delegado o administrador de Geoalcali, además de director ejecutivo en el consejo de administración de Highfield, la matriz cotizada que controlaba el 100% de la compañía. Añadió que Geoalcali se constituyó en 2012 con un capital social de 3.000 euros y que él mismo participó en la escritura de constitución.
El exdirectivo detalló que su estructura de dirección era reducida, con tres o cuatro personas en el consejo, aunque la compañía llegó a contar con unos 50 técnicos trabajando en el proyecto, la mayoría titulados superiores. Precisó también que las oficinas estaban en la calle Carlos III de Pamplona cuando él estaba al frente.
El origen del proyecto
Según su relato, el interés por España y por la potasa surgió en 2011, durante una conferencia internacional del sector, cuando un colega le comentó la oportunidad que existía en torno a ese recurso. Rodríguez Fernández situó ese momento como el punto de partida de la decisión empresarial de impulsar el proyecto, en un contexto de fuerte subida del precio internacional de la potasa, que dijo haber pasado de unos 400 dólares por tonelada a cerca de 900.
El exdirector afirmó que, a su llegada a Navarra, existía abundante información histórica sobre las potasas de Navarra y Subiza, pero que en la zona de Sangüesa apenas había datos geológicos relevantes. También indicó que el proyecto avanzó primero con permisos de investigación y exploración, antes de llegar a la fase de concesión de explotación.
La tramitación administrativa
Rodríguez Fernández relató que en diciembre de 2014 Geoalcali presentó el proyecto de explotación y la solicitud de concesión ante el Ministerio, y que posteriormente las administraciones de Navarra, Aragón y el Estado trabajaron en una encomienda de colaboración para unificar la tramitación. Aseguró que ese proceso fue estrictamente administrativo y técnico, y que hasta julio-agosto de 2015 no se había iniciado nada sustancial más allá de los trámites previos.
Defendió además que la evaluación de impacto ambiental fue extensa y muy garantista, con 89 páginas, informes de universidades, confederaciones hidrográficas, departamentos autonómicos e instituciones técnicas. A su juicio, la parte realmente compleja del expediente no fue la declaración ambiental, sino el otorgamiento posterior de la concesión de explotación, que dijo haber contado con otras 60 páginas y con nuevas comprobaciones técnicas.
Reuniones con políticos
El compareciente admitió haber mantenido reuniones con responsables institucionales de distinto signo político para presentar el proyecto y explicar su alcance. Citó contactos con la presidenta Yolanda Barcina, la vicepresidenta Lourdes Goicoechea, la ministra Isabel García Tejerina, alcaldes de distintas localidades y representantes de varios partidos, incluida una reunión con el Partido Socialista en el Parlamento y otra en las oficinas de la compañía.
Aseguró que esos encuentros respondían a la obligación de dar máxima difusión al proyecto y de explicar la iniciativa a todos los actores afectados, incluidos los políticos y los municipios del territorio. También defendió que en Navarra, Aragón y Madrid la relación con funcionarios y cargos fue “cordial” y normalizada durante todo el proceso.
Los nombres de la causa
Una de las partes más sensibles de la comparecencia giró en torno a Koldo García, Fernando Merino, Santos Cerdán y Antxon Alonso. Rodríguez Fernández afirmó que conoció a Koldo García por mediación de un compañero de relaciones institucionales, que le presentó a personas vinculadas con la Guardia Civil y con actos públicos del proyecto, y negó que Geoalcali lo hubiera contratado o remunerado directamente.
Sobre Fernando Merino, dijo que lo conoció en el entorno de Acciona y que lo identificaba como un representante de esa compañía, pero no como un interlocutor minero. En cuanto a Antxon Alonso, afirmó que lo trató en reuniones ligadas al proyecto y que lo vinculaba con servicios de logística o de apoyo, aunque sostuvo que en 2015 no conocía la existencia de Servinabar y que jamás le hablaron de esa empresa en aquel momento.
La relación con Acciona
El exdirectivo explicó que el primer contacto con Acciona llegó a través de un consejero de Highfield y que el encuentro en Madrid con Ignacio Entrecanales fue, al inicio, una toma de contacto general. Subrayó que Acciona no tenía experiencia minera y que su eventual participación se circunscribía a obra civil, accesos, perimetrales y movimientos auxiliares, no al núcleo del proyecto minero.
También cifró esa posible parte de obra civil en una horquilla de 20 a 35 millones de euros, frente a un proyecto global que situó en cientos de millones. Añadió que, en su etapa, Geoalcali nunca pagó nada a Servinabar y que, si hubo pagos posteriores, los desconoce.
Las acusaciones de corrupción
Ante la pregunta directa sobre si alguien le había ofrecido o pedido mordidas, corruptelas o cantidades económicas para gestionar permisos, Rodríguez Fernández respondió con un rotundo “no”. Sostuvo que una empresa cotizada en Australia está sometida a protocolos muy estrictos y que cualquier práctica irregular habría sido incompatible con la gobernanza de la compañía.
El exdirector fue más allá y dijo que sería un “insulto” a los funcionarios españoles sugerir que los permisos y la evaluación ambiental se obtuvieron por vías irregulares. Añadió que, a su entender, los servicios jurídicos de Navarra, Aragón y el Ministerio actuaron conforme a derecho y que no ve base para hablar de corrupción en la tramitación que conoció en su etapa.
Su salida de Geoalcali
Rodríguez Fernández indicó que dejó su cargo en 2016 por decisión propia, cuando consideró que era un buen momento para cerrar su etapa. Aclaró que no vendió directamente sus participaciones en Geoalcali por una cifra fija como los 12 millones de euros que se le atribuyen en algunas informaciones, sino que la estructura societaria implicó un intercambio de acciones ligado a la evolución corporativa de Highfield.
Sí admitió que su posición accionarial se benefició de la revalorización del proyecto, aunque no precisó una cifra concreta. También aseguró que declaró fiscalmente esas operaciones y que estaría dispuesto a mostrar su declaración de IRPF para acreditarlo.
