Ignacio Cabeza, presidente de la Cámara de Comptos, ha comparecido este mediodía ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra para presentar el informe de las cuentas generales de Navarra de 2024, en una sesión marcada tanto por los datos económicos como por la controversia en torno a la cláusula de discrepancia planteada por el auditor autor del borrador inicial.
En su exposición, Cabeza ha subrayado la evolución positiva de los principales indicadores económicos. «El resultado presupuestario ha aumentado, de 96 a 124 millones; el ahorro bruto, de 687 a 729 millones; y el remanente de tesorería para gastos generales, de 196 a 412 millones. También la deuda financiera se ha reducido, pasando de 2.695 a 2.205 millones», ha detallado.
No obstante, ha advertido de que la reactivación de las reglas fiscales, suspendidas durante la crisis de la pandemia, «obligará a limitar el crecimiento del gasto público». El informe recoge que en la última década el gasto de la Administración Foral ha crecido un 52%, lo que supone un 22% en términos reales, descontando la inflación.
En materia de personal, el presidente de Comptos ha señalado que el gasto aumentó un 7% respecto a 2023 y que a finales de 2024 trabajaban en la Administración Foral 32.452 personas. Tras los procesos de estabilización, la tasa de temporalidad se ha reducido del 27% en 2021 al 16% en 2024.
Cabeza también se ha referido a la duplicación del Túnel de Belate. Según ha explicado, en 2024 se abonaron ocho certificaciones de obra por 5,5 millones de euros. La UTE adjudicataria presentó en octubre una propuesta de modificación por importe de 8,5 millones, que fue aprobada por el director general de Obras Públicas, pero quedó paralizada tras el reparo suspensivo de la Intervención General.
La cláusula de discrepancia centra el debate político
La comparecencia ha estado especialmente marcada por la cláusula de discrepancia presentada por el auditor encargado del borrador. Cabeza ha recordado que esta figura, prevista en la Ley Foral de la Cámara de Comptos, está pensada para proteger a los técnicos ante una eventual manipulación por parte de la Presidencia.
«Aquí no estamos hablando de eso —ha afirmado—, sino ante una modificación de erróneas interpretaciones jurídicas y de una incorrecta aplicación de las normas técnicas de auditoría».
Auditor de la institución durante más de treinta años, Cabeza ha defendido que en los informes «deben prevalecer los principios de evidencia de auditoría, objetividad, ponderación, prudencia e imparcialidad». Ha insistido en que la evidencia suficiente y pertinente es un principio básico, así como la «autocontención» para no desbordar el ámbito técnico y el respeto al criterio de la Asesoría Jurídica en las opiniones legales.
Según ha explicado, la corrección del borrador se realizó para garantizar estos principios y contó con la colaboración del resto de miembros de la Cámara, a quienes ha agradecido su «rigor técnico, independencia, libertad y valentía».
Las críticas han llegado principalmente desde la oposición. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha acusado al presidente de convertirse en «el mejor defensor del Gobierno de Navarra» y ha denunciado una supuesta humillación al auditor. Irene Royo, del PP, ha reconocido la capacidad del presidente para aprobar el informe, pero también ha considerado que la institución «sí ha humillado al auditor».
Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha reprochado a UPN y PP que centren el debate en la discrepancia en lugar del contenido del informe económico. En la misma línea, Laura Aznal (EH Bildu) ha destacado la buena situación de la Hacienda Foral y ha interpretado la cláusula como «un voto particular», asegurando que el borrador contenía opiniones personales.
El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha atribuido la evolución económica a la reforma fiscal de 2016 y ha respaldado la actuación del presidente. Por su parte, Miguel Garrido (Sumar) ha defendido que Cabeza tenía la obligación de corregir un informe si lo consideraba incorrecto, mientras que Emilio Jiménez (Vox) ha pedido su dimisión por el daño reputacional a la institución.
En su turno final, Ignacio Cabeza ha reiterado que el borrador incluía juicios de valor personales y opiniones jurídicas contrarias al criterio de la asesoría, además de inmiscuirse en competencias del Parlamento y del Gobierno. «He actuado responsablemente, con el apoyo del resto de miembros de la institución», ha concluido.
