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Pamplona Actual

Los padres de la Escuela Joaquín Maya, obligados a pedir permiso cada vez que van a recoger a sus hijos en coche

El Defensor sugiere una autorización de curso completo para las familias que deben acceder a la zona de circulación restringida donde se ubica el centro

Recoger a un hijo en la Escuela de Música Joaquín Maya puede convertirse, noche tras noche, en un trámite burocrático. El centro se encuentra en una vía de acceso restringido y las familias están obligadas a solicitar permiso cada vez que necesitan entrar con el coche. Una carga que el Defensor del Pueblo de Navarra considera innecesaria y que, en una resolución fechada el 15 de mayo, ha instado al Ayuntamiento de Pamplona a corregir.

Una multa y una queja que destapan un problema más amplio

El expediente tiene su origen en una denuncia presentada en abril de 2026 por una madre que recibió una sanción de 90 euros el 15 de septiembre de 2025. Había accedido a la zona restringida por la calle José Alonso en lugar de por la calle General Chinchilla, que era para la que su pareja había tramitado la autorización. Pese a haber actuado de buena fe —y haber realizado correctamente todos los accesos posteriores—, fue multada. Pagó 45 euros en período de pronto pago.


Sobre la sanción en sí, el Defensor no encontró motivos suficientes para intervenir. Pero la queja ponía sobre la mesa algo más: las familias del alumnado deben solicitar permisos de acceso de forma diaria, semana tras semana, durante todo el curso escolar, para poder dejar y recoger a sus hijos —menores de edad, en horario nocturno— en un centro municipal de enseñanza artística.

Una situación que ya ha llegado dos veces al Defensor

No es la primera vez que esta institución examina el asunto. Los expedientes Q22/351 y Q20/909 ya abordaron quejas similares. La conclusión es la misma ahora que entonces: sería razonable que el Ayuntamiento ofreciera una autorización especial de duración anual —válida para todo el curso académico— a los progenitores que la solicitaran, evitando así trámites repetitivos que no aportan ninguna utilidad real a la gestión del tráfico.

La resolución, dictada al amparo del artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, no es vinculante, pero el Consistorio está obligado a responder en un plazo máximo de dos meses, indicando si acepta la sugerencia y qué medidas adopta. Si no lo hace, el caso puede acabar reflejado en el informe anual que el Defensor presenta ante el Parlamento de Navarra.

El Ayuntamiento, en el tejado

La pelota está ahora en el tejado del consistorio de Pamplona. La solución que propone el Defensor no implica eliminar el control de accesos ni abrir la zona al tráfico general, sino simplemente adaptar el sistema de autorizaciones a la realidad de unas familias que, por el simple hecho de tener un hijo matriculado en un centro público, se ven obligadas a repetir el mismo trámite cientos de veces al año, con posibilidad de ser además sancionados si cometen un error humano. 

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