Casi un año y 54 sesiones después de empezar a desfilar por el Parlamento de Navarra, la comisión que ha investigado la adjudicación de obras públicas del Gobierno foral en las cuatro últimas legislaturas ha terminado su trabajo con dos lecturas completamente opuestas de lo investigado. El Pleno ha aprobado hoy su dictamen final, que descarta la existencia de corrupción probada, mientras la oposición sostiene justo lo contrario.
No hay corrupción probada, pero sí fallos en Belate
El texto aprobado, suscrito por PSN, EH Bildu y Geroa Bai en sus conclusiones generales y respaldado también por Contigo-Zurekin en las recomendaciones, sostiene que no ha quedado acreditada la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos, funcionarios o empresas adjudicatarias. Según este bloque, ni las comparecencias ni la documentación examinada han aportado pruebas directas de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos dirigidos a alterar la contratación pública investigada.
Hoy el Parlamento ha cerrado en falso la Comisión de investigación sobre el caso Belate – Cerdán.@JavierJesparza: “Este dictamen dirá lo que la mayoría quiera que diga, pero no va a cambiar la verdad de lo ocurrido”.
— UPN (@upn_navarra) June 18, 2026
? pic.twitter.com/Mieoq2XWHy
El dictamen sí reconoce irregularidades y deficiencias procedimentales en varios expedientes, de forma destacada en la licitación de la duplicación del túnel de Belate, donde señala defectos formales, discrepancias sobre la normativa aplicable y reparos de los órganos de control. Respecto a la Mesa de Contratación de Belate, concluye que no hay injerencias políticas acreditadas, aunque sí detecta actuaciones y comunicaciones que califica de "impropias" desde la perspectiva de la buena administración, sin que se haya probado que influyeran en la decisión final. El texto matiza, además, que la falta de pruebas no equivale a una certeza definitiva de que no existieran irregularidades, ya que esa determinación correspondería en su caso a los tribunales.
UPN, PPN y el parlamentario no adscrito votaron en contra de este dictamen; Contigo-Zurekin se abstuvo. El resto de conclusiones presentadas de forma individual por cada grupo, mantenidas como votos particulares, fueron rechazadas en el debate de hoy.
Un plan de integridad y más controles, entre las recomendaciones
El bloque mayoritario propone, entre otras medidas, un Plan de Integridad en la Contratación Pública que revise los modelos de pliegos, regule los criterios de valoración técnica y refuerce la detección de conflictos de intereses. También plantea modificar la Ley Foral de Contratos Públicos para reforzar la independencia de las mesas de contratación, ampliar los medios de los órganos de control e intervención, mejorar la trazabilidad de los expedientes electrónicos y consolidar el papel de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA). Estas recomendaciones, junto a las del Observatorio de la Contratación Pública, se trasladarán al Gobierno de Navarra, a la Corporación Pública Empresarial de Navarra, a la Cámara de Comptos y a la propia OANA.
Matices dentro del bloque que sostiene al Gobierno
Aunque PSN, EH Bildu y Geroa Bai comparten el diagnóstico de fondo, sus votos particulares —finalmente rechazados— mostraban matices. El PSN profundizaba en el análisis jurídico de las irregularidades y proponía dar legitimación procesal a la OANA. EH Bildu insistía en la prevención de riesgos sistémicos y en crear órganos supervisores con mayor capacidad sancionadora. Geroa Bai centraba su atención en expedientes concretos, especialmente Belate y la relación entre Santos Cerdán y Servinabar, con una valoración más categórica al descartar de plano una trama de corrupción.
Se pone fin al relato novelado con intereses políticos y sin ningún tipo de indicio de UPN, PP y Vox.
— Socialistas Navarra / ❤️ (@PSNPSOE) June 18, 2026
?No se ha acreditado ni una sola práctica corrupta en la Comisión de Investigación.
?️Javier Lecumberri. pic.twitter.com/CQD0MYgwMN
Contigo-Zurekin, por su parte, defendió en su voto particular que la investigación sí ha evidenciado relaciones de proximidad entre responsables políticos y empresariales incompatibles con los estándares de transparencia exigibles, y consideró acreditadas irregularidades en Belate y en promociones de vivienda pública de Nasuvinsa, aunque sin llegar a hablar de tráfico de influencias.
UPN, PPN y Vox: "indicios reforzados" y exigencia de responsabilidades
La lectura de la oposición es radicalmente distinta. UPN sostiene que los trabajos de la comisión han reforzado los indicios de una trama de influencia y adjudicación irregular vinculada a las empresas Servinabar y Acciona, en el marco de las investigaciones que llevan a cabo la Guardia Civil y los órganos judiciales. El grupo cuestiona el papel de Servinabar en las uniones temporales de empresas que se hicieron con las obras de Belate y atribuye responsabilidad política a la presidenta Chivite y a distintos responsables del Ejecutivo por, a su juicio, no actuar con diligencia ante las advertencias detectadas, entre ellas las represalias que habría sufrido el entonces secretario de la mesa de contratación de Belate.
El PPN reclama también depurar responsabilidades políticas y pone el foco, además de en Belate, en la licitación del Navarra Arena, la rehabilitación del Archivo General de Navarra, el colegio de Arbizu y las viviendas protegidas de Ripagaina, denunciando patrones repetidos de participación de determinadas empresas. El grupo lamenta, asimismo, que la comisión haya trabajado con "importantes limitaciones" derivadas del rechazo de peticiones de documentación y comparecencias planteadas por la oposición.
El G-Mixto, representado por Vox, llega más lejos al atribuir la responsabilidad política última al Gobierno y reclamar la dimisión de la presidenta Chivite, a quien vincula con incidencias detectadas en distintos departamentos, especialmente en Cohesión Territorial. Su parlamentario, de baja médica, no asistió a la sesión de hoy.
Una comisión de casi un año que ahora pasa al Boletín Oficial
La comisión se constituyó el 3 de julio de 2025 a iniciativa de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, presidida por Irati Jiménez (EH Bildu) y con representantes de todos los grupos, entre ellos Javier Esparza y Pedro González por UPN, y Javier García por el PPN. Sus conclusiones, aprobadas hoy en Pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y se comunicarán a la Diputación Foral, sin que tengan carácter vinculante para los tribunales. La Mesa del Parlamento podrá remitirlas, además, al Ministerio Fiscal para que valore el ejercicio de las acciones que considere oportunas.
