La moratoria al desarrollo del biometano en Navarra pone en riesgo más de 500 millones de euros en inversiones renovables: unos 300 millones que podrían no materializarse y otros 200 millones adicionales que dejarían de tramitarse. Es la advertencia que lanzó hoy en Pamplona APPA Biogás, la sección de biogás de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, en un encuentro en el que el sector reclamó al Gobierno foral un marco regulatorio claro y exigente en lugar de una paralización generalizada.
"El biometano no debe desplegarse de cualquier manera, pero tampoco tiene sentido paralizar una tecnología renovable que puede ayudar a resolver problemas reales del territorio. La solución no es bloquear, sino exigir proyectos bien diseñados, bien integrados y con todas las garantías ambientales", afirmó Javier Alberto Muñoz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de APPA Renovables.
Una tecnología que transforma residuos que ya existen
El sector insiste en que los residuos agroganaderos, agroindustriales y orgánicos ya están presentes en el territorio navarro. La digestión anaerobia permite tratarlos de forma controlada, producir gas renovable y generar digestato utilizable como fertilizante orgánico. Según los cálculos de APPA Biogás, el desarrollo del biometano en Navarra permitiría generar cada año unas 264.000 toneladas de digestato, reciclar más de 1.580 toneladas de nitrógeno y evitar 154.000 toneladas de CO2. Además, la producción de gas renovable reduciría en torno a 38 millones de euros anuales las importaciones energéticas navarras y podría crear unos 440 empleos de calidad vinculados al medio rural.
"El biometano es economía circular aplicada al territorio. Parte de residuos locales, produce energía renovable y devuelve al campo un fertilizante orgánico. Es una herramienta para gestionar mejor lo que ya existe, no para generar un problema nuevo", subrayó Muñoz.
Regular, no bloquear
APPA Biogás reconoce la legitimidad de las preocupaciones sociales en torno a la implantación de nuevas instalaciones, como los olores, el tráfico, la gestión del digestato o la protección de acuíferos. Pero defiende que estos riesgos deben abordarse con regulación, control técnico y exigencias ambientales, no con el bloqueo de toda una tecnología. Entre las medidas que propone figuran la implantación de plantas cerradas con sistemas de biofiltros, rutas logísticas razonables, controles de emisiones, analíticas del digestato, trazabilidad de entradas y salidas, planes de abonado y participación local.
"Una moratoria no distingue entre buenos y malos proyectos; una buena regulación sí", concluyó el directivo.
La asociación advierte además de que, en un momento en que Europa impulsa los gases renovables como herramienta de descarbonización y seguridad energética, Navarra corre el riesgo de perder posicionamiento industrial y capacidad de atracción de proyectos si no ofrece un marco regulatorio estable y predecible.
