La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido en las últimas semanas a decenas de personas que, tras contratar una formación online, comprueban que la academia no cumple lo prometido. Entre los problemas más habituales figuran la ausencia de las prácticas garantizadas, la entrega de material obsoleto, la subida del precio final o la falta de carácter oficial del título ofrecido.
La asociación aconseja pedir todas las condiciones del contrato por escrito, asesorarse y estudiarlas detenidamente antes de aceptarlo. Algunas personas acuden a Irache para informarse antes de inscribirse, pero otras ya han pagado una matrícula, en ocasiones de miles de euros, sin que se les permita echarse atrás pese a no recibir lo que esperaban.
Las prácticas no son las prometidas
Varias personas han acudido a Irache muy molestas al comprobar que las promesas de "prácticas garantizadas", "en las mejores empresas" o "inserción laboral" no se han cumplido. En algunos casos, tardan varios meses tras finalizar la parte teórica del curso en conseguir las prácticas; en otros, estas no guardan relación con lo aprendido durante la formación. También se han detectado casos en los que, para acceder a determinadas prácticas, el consumidor debe cumplir requisitos —como certificados académicos o un tiempo mínimo en situación de desempleo— de los que no fue informado con claridad en la academia, o en los que el alumno debe competir por la plaza en igualdad de condiciones con cualquier otra persona que no haya realizado el curso.
La publicidad de muchos de estos cursos los vincula a la consecución de un empleo, lo que lleva a numerosos consumidores a creer que el puesto de trabajo está garantizado. Sin embargo, el contrato firmado habla únicamente de un servicio de enseñanza, lo que dificulta reclamar cuando el consumidor decide echarse atrás.
Títulos que no siempre valen
Otra cuestión delicada es el carácter oficial o no de los títulos obtenidos. En ocasiones, la publicidad ofrece un título "reconocido" u "homologado" que posteriormente resulta no ser oficial, lo que puede significar que sea válido para que una empresa privada contrate al alumno, pero no para acceder a un empleo público o a un proceso de oposiciones.
Solo dan la información al inscribirse
Buena parte de los problemas detectados se originan en la falta de información transparente. Algunas academias exigen que el consumidor facilite sus datos, mediante un formulario u otra vía, antes de conocer las condiciones del curso —metodología, precio final o materiales—; en los casos más graves, solo facilitan esta información, a la que están obligadas por ley, una vez que el consumidor ya ha pagado la matrícula.
Esto provoca que lo ofrecido verbalmente por el comercial o en la publicidad no siempre se corresponda con la realidad: formación que se presenta como presencial, de máxima calidad y con seguimiento y tutoría, y que finalmente se limita a material y acceso a un campus online; o clases diarias supuestamente interactivas que resultan ser grabaciones de sesiones presenciales impartidas meses atrás.
Sin claridad en el precio
La falta de transparencia resulta especialmente grave en lo relativo al precio del curso. Algunas academias van sumando conceptos sin informar con claridad del importe final que deberá abonar el consumidor. Al tratarse a menudo de miles de euros, es habitual que se ofrezca financiación, sin que siempre se detallen con transparencia los intereses o el importe total a pagar.
Catorce días para desistir
Cuando el consumidor advierte que el curso contratado —por el que puede haber pagado dos o tres mil euros— no responde a lo esperado, en muchas ocasiones ya no está a tiempo de echarse atrás. Si el contrato se firmó en el domicilio, a través de internet o fuera de la academia, existe un plazo de catorce días para desistir. Superado ese plazo, la empresa puede alegar que no hay incumplimiento y negarse a devolver el dinero. Si el consumidor opta por dejar de pagar los recibos de la financiación, la entidad financiera puede reclamárselos posteriormente, en ocasiones con intereses.
La empresa está obligada a informar sobre este derecho de desistimiento cuando la contratación se ha realizado por internet. Sin embargo, algunas exigen el pago de una señal que retienen aunque el consumidor desista dentro de plazo, y otras sostienen que, si el alumno ya ha accedido al portal y a los servicios, no puede echarse atrás, independientemente de si han transcurrido los catorce días.
Para reclamar, debe darse un incumplimiento
Lo habitual es que, cuando el cliente advierte que el curso no cumple las expectativas, ya sea tarde para desistir. En estos casos, algunas empresas admiten negociar la anulación del contrato o una rebaja del precio, aunque no siempre es así. Para poder reclamar es necesario que se produzca un incumplimiento de las condiciones recogidas en el contrato o en la publicidad del curso, ya que no basta con que las promesas verbales del comercial no se hayan cumplido, al no existir forma de demostrarlas. Si se acredita un incumplimiento contractual, cabe llegar a una rebaja del precio, una mejora de las condiciones o incluso la anulación total del curso.
Pedir las condiciones por escrito antes de firmar
Por todo ello, Irache insiste en la importancia de solicitar toda la documentación por escrito antes de suscribir cualquier formación, estudiarla detenidamente y, si es necesario, buscar asesoramiento previo.
Entre los aspectos que conviene revisar en estos contratos, la asociación destaca: el carácter oficial de los títulos ofrecidos y qué institución los certifica; la denominación oficial del curso, el número de horas docentes, los contenidos, y las fechas y horario de la formación; el material que se entregará y su soporte; la metodología, con detalle de clases presenciales u online, tutorías y exámenes; los criterios de evaluación y las consecuencias de no superar una materia; el precio total desglosado por conceptos y las condiciones de financiación; la posibilidad de cancelación y sus posibles penalizaciones; y la denominación, dirección y responsable legal del centro.
