La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha declarado nula de pleno derecho la reiterada negativa del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, a facilitar al Parlamento las alegaciones presentadas al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) del Tren de Alta Velocidad (TAV). El tribunal ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por Unión del Pueblo Navarro (UPN) y ha impuesto condena en costas al Gobierno de Navarra al considerar que la negativa del departamento infringió el derecho fundamental a la información recogido en el artículo 23 de la Constitución.
El origen del litigio se remonta a la petición del parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien, al amparo del reglamento de la Cámara, solicitó en tres ocasiones —una solicitud, un requerimiento escrito y una pregunta en pleno— acceder a las alegaciones presentadas al citado plan sectorial, que contempla la construcción de más de 12.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas. Según UPN, el consejero rechazó facilitar la documentación en las tres ocasiones, lo que llevó a la formación a recurrir la decisión ante los tribunales.
El PSIS del TAV lleva más de diez años sin resolverse. UPN atribuye este retraso a la oposición de EH Bildu al proyecto y a su influencia sobre el Ejecutivo que preside María Chivite.
Tras conocer el fallo, UPN ha calificado la sentencia de "un nuevo revés judicial que ahonda más en la sucesión de ilegalidades cometidas por el Departamento de Cohesión Territorial" y ha definido la actuación del consejero como "un atropello más cometido por el consejero que mayor número de ilegalidades está incurriendo bajo la responsabilidad de la presidenta María Chivite". La formación foralista ha exigido al Gobierno de Navarra el cumplimiento inmediato de la sentencia y la entrega de la información reclamada.
UPN ha aprovechado también para recordar otros episodios que, a su juicio, comprometen la gestión de Chivite al frente del departamento, como la situación de incompatibilidad en la que se encontraba al tomar posesión del cargo —por mantener la administración de una empresa de su propiedad que recibía adjudicaciones del propio departamento— y su responsabilidad sobre el denominado "caso Belate", vinculado a las pesquisas del caso Cerdán. La formación se ha preguntado, en este sentido, "cuáles son las razones por las que María Chivite sigue confiando en Óscar Chivite" para dirigir el departamento con mayor volumen de adjudicaciones públicas del Gobierno foral.
Hasta el momento, el Departamento de Cohesión Territorial no se ha pronunciado sobre la sentencia del TSJN.
