La directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres Pérez, ha firmado una resolución por la que se deja sin efecto otra aprobada por su antecesor mediante la que se había aprobado el Proyecto de modificado n.º 1 de la obra "Duplicación del túnel de Belate". La nueva resolución, que pone fin a la tramitación de dicho modificado, ya ha sido notificada a la empresa UTE Túnel de Belate, formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000.
El documento se apoya en varios informes. Por un lado, un escrito de la Dirección de Obra externa certifica que en el túnel "está totalmente ejecutada la excavación en avance y su sostenimiento correspondiente completado", por lo que "se considera suficientemente estable frente a colapsos y derrumbes sin necesidad de actuaciones en el plazo de dos años", si bien matiza que "deberá mantenerse la vigilancia de las convergencias del sostenimiento con periodicidad mensual". Por otro, un informe técnico de la Dirección del Servicio de Proyectos y Obras propone el fin del Modificado n.º 1 al considerar aseguradas dichas garantías de estabilidad, mientras que el informe jurídico correspondiente confirma que la resolución se ajusta al ordenamiento vigente.
Un procedimiento marcado por un reparo de Intervención
La decisión pone fin a un largo proceso administrativo. Las obras, adjudicadas a la UTE por Resolución 1239/2023 por un importe de 76.086.980 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 45 meses, comenzaron el 23 de marzo de 2024, con finalización inicialmente prevista para el 23 de diciembre de 2027. En noviembre de ese mismo año se dio conformidad a la tramitación de un primer modificado del proyecto, que finalmente fue aprobado en mayo de 2025 con un incremento económico de 8.535.865,80 euros, un 11,22% sobre el contrato original.
Sin embargo, el expediente de modificación de contrato recibió en noviembre de 2025 un reparo suspensivo por parte de la Intervención General del Departamento de Economía y Hacienda. La Dirección General de Obras Públicas aceptó dicho reparo y manifestó su voluntad de concluir la tramitación del modificado tan pronto como fuera posible, si bien defendió que la solución técnica recogida en él era la única viable, dada la imposibilidad de cambiar de proyecto una vez iniciada la excavación sin paralizar la obra, así como las diferencias detectadas entre el estudio geológico inicial y la realidad del terreno durante los trabajos.
Mientras se resolvía esta situación, las obras continuaron conforme al documento técnico vigente hasta la finalización de la fase de avance-cale —la unión de las bocas de excavación norte y sur—, ejecutada el 19 de junio de 2026 por motivos de seguridad, para evitar posibles derrumbes en una infraestructura con el sostenimiento sin finalizar.
Durante ese periodo, la UTE adjudicataria certificó y cobró únicamente unidades del proyecto original, mostrando su desacuerdo en cada certificación al reclamar el abono de las nuevas unidades ejecutadas. Un informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, fechado el 7 de septiembre, se pronunció en contra del abono de estos trabajos por la vía del enriquecimiento injusto, al no concurrir, a su juicio, los requisitos jurisprudenciales necesarios.
Próximos pasos: resolución del contrato y nueva licitación
El objetivo prioritario de la Dirección General es ahora reanudar la obra lo antes posible mediante una nueva licitación. Para ello, el Departamento de Obras Públicas trabaja en un documento para la resolución del contrato por desistimiento de ambas partes, ante la imposibilidad de continuar la obra con el proyecto inicial. Según lo previsto, la próxima semana se trasladará la propuesta de resolución a la UTE constructora para dar inicio al trámite de audiencia.
De forma paralela, se están definiendo los trabajos de finalización de la obra, con la elaboración de un plan de mantenimiento y aseguramiento de lo ya ejecutado para evitar riesgos y accidentes. Asimismo, se cuantificará la liquidación económica del contrato, que incluirá las certificaciones pendientes correspondientes al proyecto original de julio, agosto y septiembre, así como los trabajos de finalización de la obra.
Contra la Resolución 215/2026, que no agota la vía administrativa, la empresa interesada podrá interponer recurso de alzada ante el consejero de Cohesión Territorial en el plazo de un mes desde su notificación.
