El Ayuntamiento de Pamplona ha identificado 262 edificios en su término municipal con presencia de amianto, principalmente en cubiertas y tejados, según el Censo Municipal de Amianto presentado este lunes en rueda de prensa. El concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre Larañaga, junto al director de Conservación Urbana, Patxi Iriarte Echenique, han dado a conocer un documento que estima la superficie total de amianto en 222.581,51 metros cuadrados y calcula el coste de su retirada en 6,75 millones de euros.
De los inmuebles inventariados, la mayoría corresponden a usos industriales y se concentran en el polígono de Landaben. Aunque el censo recoge 262 edificios, apenas diez de ellos acumulan el 49,7% de toda la superficie de amianto detectada.
Entre los inmuebles afectados figuran también varios de titularidad municipal. Las naves del antiguo Oscus, en la calle Navarrería, con 2.200 metros cuadrados, ya han concluido los trabajos de retirada en febrero, al igual que la Casa de las Mujeres, cuya cubierta de 243 metros cuadrados ha sido reformada este último año. Quedan pendientes, sin embargo, las cubiertas del Civivox Jus la Rocha, del albergue Paderborn y de un edificio en San Jorge cedido a Tasubinsa.
Un instrumento de control y planificación
El Censo Municipal de Amianto nace como herramienta para conocer las edificaciones con riesgo y establecer un plan de retirada. Recoge la localización, el uso del inmueble, la superficie afectada y el estado de conservación de los elementos, calificados como deficiente, regular o bueno, además de cartografía específica. Con esta información, el Consistorio podrá planificar la gestión y retirada con criterios técnicos, preventivos y de seguridad.
El punto de partida fue el inventario preliminar elaborado por el Gobierno de Navarra, que el Ayuntamiento ha revisado con personal técnico especializado. El trabajo de campo ha permitido validar los datos, identificar nuevos elementos y evaluar el estado actual de cada inmueble.
Con el censo ya elaborado, el Ayuntamiento planificará las actuaciones en función del riesgo potencial de cada edificio y del estado de conservación de sus elementos, prestando especial atención a los espacios usados preferentemente por menores.
El amianto, también conocido como asbestos, es un mineral fibroso que durante años se empleó como material de construcción por su versatilidad, pero cuyas fibras han demostrado tener componentes cancerígenos al ser inhaladas. Su uso está prohibido en España desde 2002 y en toda la Unión Europea desde 2025, por lo que ahora el esfuerzo se centra en eliminar el que permanece en construcciones antiguas.
El objetivo, 2028
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular fija en 2028 el horizonte para que el amianto de instalaciones y emplazamientos públicos quede completamente retirado a nivel nacional. Las intervenciones deberán ajustarse al Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, y ejecutarse mediante gestores autorizados.
Con este fin, el Gobierno de Navarra ha habilitado una partida de 655.322 euros para subvencionar, mediante convocatoria de ayudas, la retirada y gestión de amianto en edificios privados no residenciales de empresas y particulares. Las ayudas cubren hasta el 90% del gasto, con un máximo de 30.000 euros por actuación, y exigen una inversión superior a 3.000 euros (IVA excluido) ejecutada por empresas inscritas en el RERA. Se subvencionan actuaciones iniciadas desde el 1 de enero de 2026 y realizadas hasta el 30 de septiembre de 2026, con solicitudes que deben presentarse telemáticamente hasta el 31 de octubre y que se resolverán por orden de presentación mientras exista crédito disponible.
A ello se suma la Ley Foral 9/2025, que contempla, para los expedientes de rehabilitación protegida cuya solicitud de calificación provisional se presente desde el 1 de enero de 2026, una ayuda adicional para la retirada, manipulación, transporte y gestión de residuos de amianto por empresas autorizadas. La cuantía máxima será la mayor entre 1.000 euros por vivienda y 12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación.
