La integración social y el acceso a una vivienda digna son, en palabras de Patxi Vera, Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, «los retos más urgentes que afronta la sociedad navarra a corto plazo». Así lo expresó este miércoles durante el acto institucional celebrado en el Parlamento de Navarra con motivo del 25º aniversario de la Ley 4/2000, de 3 de julio, que dio origen a la institución.
Ante cerca de 150 personas, entre ellas destacadas figuras sociales y representantes institucionales, Vera mantuvo un diálogo abierto con Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo a nivel estatal, donde hizo hincapié en que «en la comunidad con mayor calidad de vida de todo el Estado no podemos permitir que haya personas durmiendo en la calle, sin alimento, sin educación o sin atención sanitaria».
Patxi Vera abogó por abordar la integración «no solo como un deber moral, sino como una necesidad estructural» en una comunidad envejecida como la navarra. «Nos necesitamos mutuamente», subrayó. En materia de vivienda, reiteró la necesidad de un plan de choque, reconociendo que «no es un tema fácil, pero es imprescindible».
El Defensor también llamó a reforzar la confianza ciudadana mediante una buena administración: «Los ciudadanos tienen derecho a ella, y es clave para fortalecer la democracia». Además, alertó sobre los desafíos emergentes en la era digital, como la protección de los derechos ante el desarrollo de la inteligencia artificial, y la necesidad de difundir los derechos y libertades «para que nadie se quede sin protección por desconocimiento».
Por su parte, Ángel Gabilondo coincidió en la urgencia de estos retos y defendió el papel de las defensorías como espacios de escucha activa. «No estamos ni contra ni frente a la Administración, sino ante ella, en defensa de los derechos de la ciudadanía», afirmó. Gabilondo reivindicó la palabra como herramienta clave en su labor: «Escuchar no es solo poner el oído, es actuar a raíz de lo que se ha escuchado».
Asimismo, expresó su preferencia por el concepto de «incorporación» frente al de «integración», por implicar una inclusión más activa y plena en la sociedad. Y señaló como ejemplo la situación que se vive en el aeropuerto de Madrid, donde «personas piden asilo en una sala mientras otras duermen en los pasillos». A su juicio, «la obligación del Defensor es estar en ambos lugares».
Gabilondo también alertó sobre el auge de los trastornos de salud mental como reflejo del malestar social, y recalcó que «todas las personas tienen derechos, sin jerarquías». Añadió que muchos de los problemas actuales derivan de las conquistas del Estado del bienestar que no se han gestionado con la suficiente agilidad: «Las mejoras generan nuevas demandas que deben ser atendidas con responsabilidad».
El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, abrió el acto destacando el prestigio institucional alcanzado por el Ararteko foral, y recordó la trayectoria de las tres personas que han ostentado el cargo: María Jesús Aranda, Francisco Javier Enériz y el actual defensor, Patxi Vera. «Sus recomendaciones permiten mejorar la atención institucional y reforzar la confianza ciudadana», afirmó.
Durante la celebración también tomaron la palabra Aranda y Enériz, quienes repasaron sus etapas al frente de la institución. Aranda recordó los «duros pero apasionantes» inicios en 2000, cuando el equipo comenzó su andadura con 40 quejas sobre la mesa y un presupuesto elaborado «casi a mano». Enériz, por su parte, evocó los años más complicados de la crisis económica y la pandemia, en los que reivindicó el valor esencial del Defensor como «garante de los derechos fundamentales, cuando todo eran restricciones y sanciones».
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, cerró el acto destacando que el Defensor del Pueblo es una herramienta esencial del autogobierno foral, «independiente, útil y comprometida con la calidad democrática». «Coloca a la ciudadanía en el centro de la acción política y ofrece un canal real para que los derechos no sean letra muerta», concluyó.
En sus 25 años de trayectoria, la Oficina del Defensor del Pueblo de Navarra ha atendido a más de 146.000 personas. Un dato que refleja, según sus responsables, tanto la necesidad de la institución como su cercanía y utilidad en la defensa de los derechos de la ciudadanía navarra.
