El Partido Popular de Navarra (PPN) ha vuelto a poner el foco en la gestión del Concejo de Artica, denunciando públicamente lo que consideran una reiteración de acuerdos sobre dietas “sin respaldo legal” y financiadas con recursos públicos que, según sostienen, no responden ni al interés general ni a la normativa vigente.
La concejal del PPN en Artica, Cristina Recalde, asegura que ha alertado por cuarta vez en pleno de una forma de gobernar que, a su juicio, “degrada la función pública y erosiona la confianza de los vecinos en sus instituciones”. Recalde aseguró que la situación ha dejado de ser un problema de “errores administrativos puntuales” para convertirse en “una práctica sostenida en el tiempo” que refleja “una preocupante falta de rigor y transparencia”.
Según explicó, los concejales de Vecinos por Artica —entre ellos el presidente del Concejo, Antonio Novoa, y los ediles Rosa Blanco, Iván Fernández y Juan Martín Lacunza— percibieron inicialmente dietas vinculadas a una contratación por un importe superior a los 700 euros. Lejos de corregir la situación tras la denuncia inicial del PPN, el equipo de gobierno ha traído a pleno hasta en cuatro ocasiones acuerdos relacionados con las dietas de 2025, acumulando pagos que ya ascienden a 2.800 euros.
Recalde denunció además el coste añadido de varios informes jurídicos, encargados para intentar dar cobertura legal a estos acuerdos. Unos informes “de encargo político”, señaló, que también han sido sufragados con dinero público y cuyo importe total se desconoce por ahora.
La concejal popular criticó especialmente la negativa del presidente del Concejo a solicitar una revisión de oficio al Consejo de Navarra, pese a las reiteradas peticiones de la oposición. “Hay una clara falta de voluntad de rectificar, lo que genera una sensación de impunidad inaceptable en una institución pública”, subrayó.
Desde el PPN exigen que se revoquen los acuerdos adoptados, se devuelvan las cantidades percibidas de forma indebida y se asuman las responsabilidades políticas derivadas. En caso contrario, advierten de que el partido no descarta llevar el caso ante el Tribunal Administrativo de Navarra.
“Actuar al margen del procedimiento, sin justificación presupuestaria clara ni garantías de legalidad, deteriora la calidad democrática del Concejo y aleja la gestión institucional de los principios de servicio público que deberían guiarla”, sentenció Recalde
